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Los concejales Teresa Porras y Pomares deberán declarar como "investigados" por el caso “Villas del Arenal”

Los concejales Teresa Porras y Pomares deberán declarar como

Los dos concejales del Ayuntamiento de Málaga y el gerente de Urbanismo declararán ante el juez el 25 de abril    

Se ha confirmado lo que era previsible desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abriera diligencias previas tras la denuncia por “injerencias políticas” en Urbanismo por el caso 'Villas del Arenal'. Fiscalía solicitó que se llamara a declarar a los concejales Teresa Porras, Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo. Una información que se conoció la pasada semana y que ahora se traduce en que los tres declararán ante el juez el 25 de abril en calidad de investigados (antigua figura de imputado).

El letrado que defenderá a los ediles será José Carlos Aguilera. El abogado que se hace cargo de la defensa del gerente de Urbanismo, Francisco, será el ex alcalde socialista de Estepona.

Los delitos a los que se enfrentan por petición de la Fiscalía son los de la posible comisión de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y otros. La causa tiene su origen en las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento sobre los expedientes de infracciones urbanísticas abiertos en los últimos años y, muy en concreto, los derivados de  la urbanización Villas del Arenal.

Ciudadanos inicialmente y posteriormente Ganemos Málaga y PSOE  acudieron a la Fiscalía para que se investigara judicialmente las conclusiones que hasta ese momento solo eran de carácter político. El foco está puesto sobre la situación de los más de 114 expedientes de Villas del Arenal.

Crisis política


Esta situación trae consigo una importante crisis política en el Ayuntamiento porque el pleno de la Corporación aprobó recientemente sesión que el alcalde debería de cesar a los tres investigados ahora en el caso de que pasaran a esta categoría procesal que se confirma ahora. Ciudadanos exigió que De la Torre los cesara en 48 horas amenazando que si no lo hace dará por roto el acuerdo de investidura a tres meses y medio del final del mandato.