La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su «absoluto rechazo» al plan para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer de las localidades malagueñas de Estepona y Marbella y ha advertido del «perjuicio» a las víctimas que supondrá esa iniciativa.
Al respecto, en un comunicado han indicado que esta medida «supondría retirar las competencias en materia de Violencia de Género a los juzgados de Estepona para concentrar todos los procedimientos en Marbella, cuyos órganos judiciales ya están colapsados».
Según ha precisado CSIF, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Marbella «está actualmente sobrepasado por la carga de trabajo, registrando casi diariamente actuaciones con detenidos que obligan a prolongar la jornada del personal funcionario para poder finalizar los procesos, tal y como viene recogido en la ley».
Desde el sindicato han criticado que «con los recursos actuales es materialmente imposible que se puedan tramitar durante la jornada establecida el volumen de procedimientos que se registran, especialmente teniendo en cuenta la cantidad y la urgencia que conlleva la tramitación de estos asuntos».
Han indicado que el aumento de los asuntos en el único juzgado que ve asuntos de Violencia sobre la Mujer de Marbella «ha sido constante en los últimos años»; una «sobrecarga» que, han lamentado, «no se ha visto acompañada de un aumento de los recursos y que se evidencia en las desorbitadas cifras que se registran actualmente, con 500 diligencias urgentes, 480 diligencias previas, 50 exhortos y 150 asuntos civiles demandantes de violencia en lo que va de año».
«Si se comarcalizan las competencias, a estos números se sumarían los datos de Estepona, cuyos juzgados con competencias en materia de Violencia de Género registran este año cerca de 300 diligencias urgentes, más de 1.300 diligencias previas y 100 exhortos», han explicado desde el sindicato.
Para CSIF, «la medida limitaría el derecho al acceso a la justicia de la población afectada, aumentando el colapso de los órganos judiciales y perjudicando a las víctimas de violencia de género», recordando que el partido judicial de Marbella se conforma de las poblaciones de Istán, Benahavís y Ojén.
Según han indicado, con el plan para comarcalizar las competencias de Estepona a Marbella, «este órgano soportaría la carga de unos 278.000 habitantes censados y que pueden superar los 750.000 habitantes en bastantes períodos del año, para un único órgano que ya se encuentra saturado actualmente».
Además, debido a la extensión del partido judicial de Estepona, que llega hasta la Barriada del Secadero (límite de la provincia de Cádiz), «nos encontraríamos con víctimas de violencia de género que deberían desplazarse a más de 70 kilómetros de distancia con esta medida».
Así, ha pedido a la Administración autonómica «que tenga en cuenta igualmente la dificultad de las comunicaciones entre el partido judicial de Estepona y Marbella, cuyo recorrido por carretera –única posibilidad– en transporte privado puede alcanzar más de una hora debido a la saturación del tráfico, que se duplica en transporte público».
Desde el sindicato han recordado «el traslado de la Unidad de Violencia de Género Integral (UVIG) que había en Marbella a Málaga, donde ahora tendrán que desplazarse las personas afectadas en estos procedimientos (víctimas, hijos/as, padres y madres si son menores, etcétera.) para que se emitan los informes psicológicos, al tiempo que defiende que su vuelta facilitaría enormemente la tramitación, evitando gastos a las víctimas y dilación de los asuntos».
Por otro lado, la comarcalización de estos órganos también afectará a las plantillas especializadas de los juzgados afectados, «que, ante la avalancha de asuntos, podrían optar por su traslado a otros órganos menos saturados».
Así, CSIF ha pedido a la Administración autonómica «que paralice la orden para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer en Marbella», al tiempo que ha advertido de que deberá realizarse «una valoración de los riesgos psicosociales» a los que se exponen los trabajadores de los juzgados de Marbella ante esta nueva distribución de trabajo, «que obviamente causará una sobrecarga laboral con consecuencias negativas sobre su salud».
Para la central sindical, la medida «es un error que perjudicará tanto a usuarios como a trabajadores», por lo que insisten en la necesidad de que se mantenga la distribución actual, al tiempo que demanda un refuerzo de plantillas «para poder responder a la sobrecarga actual con la celeridad y garantías que esta materia requiere».
Al respecto, desde la consejería han indicado que «no es una decisión de la Junta de Andalucía», sino que depende del Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pero han apuntado que estarán «pendientes», ya que el interés es «que se preste el mejor resultado porque para nosotros la violencia de género es una prioridad».
Así, han indicado a Europa Press que desde el Gobierno andaluz han trasladado su «voluntad de colaborar en lo que nos corresponde como Administración prestacional: poner los recursos materiales y humanos y el espacio» y también «dudas sobre qué cosas no han funcionado en otro sitio».
