Los fallecidos en las carreteras andaluzas en 2023 alcanzaron niveles prepandemia, con un 11,6% menos que en 2022. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este miércoles la Comisión de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial en Andalucía, donde se ha hecho balance de la siniestralidad vial en la comunidad en 2023, y se ha puesto de manifiesto la «idoneidad» de invitar a los ayuntamientos a volcar sus datos de accidentabilidad en la aplicación Arena2 de la Dirección General de Tráfico (DGT) de manera que se puedan estudiar las cifras dentro de sus términos municipales y adoptar así medidas que incrementen la seguridad vial.
Durante el encuentro se ha presentado el balance de 2023 en Andalucía, que refleja una reducción tanto en el número de accidentes mortales 177 (-12,4%), como en fallecidos, 197 (-11,6%), respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 202 y 223, respectivamente, «cifras que recuperan valores de 2019, previos a la pandemia», ha explicado Fernández, que también ha señalado el hecho de que durante 2023 se registró el mayor número de desplazamientos de largo recorrido, con 102.373.527, mientras que en 2022 esta cifras fue de 99.605.595 y en 2019, antes de la restricciones de movilidad por la COVID, de 96.456.236″.
Los fallecidos en las carreteras andaluzas en 2023 alcanzaron niveles prepandemia, con un 11,6% menos que en 2022
«Estos datos, extraídos de la aplicación Arena2 de la DGT –donde se recopilan todos los accidentes ocurridos en carreteras convencionales, autovías y autopistas– nos dan una idea de cómo se comporta la siniestralidad vial en Andalucía, pero los datos en los entornos urbanos son validados con posterioridad, según va llegando la información de los ayuntamientos», ha explicado el delegado, por lo que ha argumentado que «para tener una imagen global y real de toda Andalucía, se ha invitado a los ayuntamientos a compartir de forma inmediata sus cifras, de manera que se puedan también adoptar medidas que incrementen la seguridad vial en sus entornos».
Según los datos analizados en la Comisión, a lo largo de 2022 se registraron en vías urbanas de Andalucía 11.750 accidentes con víctimas, de los que 62 fueron mortales, un 3,1% menos que en 2021, con 64 fallecidos, misma cifra que el año anterior. A ellos se suman 673 heridos hospitalizados y 14.653 que no necesitaron atención hospitalaria.
«Si los ayuntamientos cuentan con una herramienta de análisis de la accidentabilidad en su ámbito urbano, podrán adoptar medidas que incrementen su seguridad vial y reduzcan los accidentes», ha añadido Pedro Fernández, que ha animado a los ayuntamientos a sumarse a esta iniciativa «para mejorar la calidad de vida de sus vecinos».
Del balance de los datos de la DGT de 2023 se extrae que las carreteras convencionales continúan siendo los puntos con mayor mortalidad vial, ya que el 73,6% de los fallecidos se registraron en estas vías, mientras que el 26,4% restante se produjeron en autopistas y autovías. En cuanto al tipo de accidente, el 41,1% se produjo por salidas de vía y el 25,9%, por colisión frontal. En los accidentes estuvieron implicados mayormente turismos (112), además de motocicletas (43) y peatones (12).
Más del 30% de los fallecidos se contabilizaron en días laborales, desde las 0:00 horas del lunes hasta las 15:00 horas del viernes. Por grupos de edad, el 21,4% de los accidentados tenía entre 55 y 64 años; el 19,9% entre 45-54 años y un 17,3% de 35 a 44 años.
La DGT ha recordado que el uso de accesorios de seguridad, como el casco o el cinturón, evita un alto porcentaje de mortandad en caso de accidente, si bien el balance de 2023 desvela que el 60% de los ciclistas fallecidos no utilizaban casco y el 30,3% de los fallecidos en turismo no hacían uso del cinturón de seguridad.
Dentro de la reunión, en la que se ha dado cuenta de los 52 fallecidos contabilizados desde enero, se ha hecho repaso además a las iniciativas desarrolladas para la mejora de la seguridad vial, como los cursos de formación de riders y usuarios de VMP; las actividades de educación vial para niños, jóvenes, mayores y profesionales; la cesión de equipos de vigilancia de la DGT a policías locales; los planes de seguridad vial para empresas o las intervenciones en centros penitenciarios con condenados por delitos contra la seguridad vial.
