El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá mañana lunes por la tarde con los agentes sociales para abordar la reforma del nivel asistencial de desempleo, en una mesa que se convoca más de dos meses después desde que se celebrara la última reunión entre Gobierno, sindicatos y patronal.
Trabajo se reúne mañana con los agentes sociales para avanzar en la reforma del subsidio por desempleo
La mesa de este lunes, convocada a las 16.00 horas, tratará de avanzar en la reforma del subsidio por desempleo, uno de los hitos vinculado al cuarto desembolso de los fondos ‘Next Generation UE’ y al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, momento en el que se acaba la prórroga de dos meses que España acordó con Bruselas para la evaluación de este desembolso, que asciende a una cuantía de 10.021 millones de euros.
A casi dos semanas de que expire este plazo y con el Gobierno abierto a la posibilidad de pedir una nueva prórroga, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá con los agentes sociales para intentar avanzar en la materia, después de que se intentara reformar el subsidio por desempleo a principios del año, pero no la reforma prosperara por los votos en contra de Podemos, PP y Vox en el Congreso de los Diputados.
El principal obstáculo para que la formación morada dé su visto bueno a la reforma propuesta por el Ministerio de Trabajo es el que tiene que ver con los cambios que la reforma que decayó hace en relación a la cotización en los mayores de 52 años.
Según la misma, a los perceptores del subsidio para mayores de 52 años que les sea concedido el 1 de junio de 2024 o en fecha posterior, la Seguridad Social cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción del mismo de la siguiente manera: en 2024 la base de cotización será equivalente al 120% de la base mínima del Régimen General vigente en cada momento; en 2025 equivaldrá al 115%; en 2026 al 110%, y en 2027, al 105%. Si el subsidio fuera concedido antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización seguirá siendo del 125%.
Para Podemos, estos cambios suponen un «recorte» en las futuras pensiones de los jubilados. Sin embargo, Trabajo mantenía que esta rebaja progresiva en la cotización era consecuencia del repunte del salario mínimo interprofesional, que se ha incrementado un 54% desde 2018, por lo que este cambio era necesario para que no se produzca una «sobrecotización» en las personas mayores de 52 años que cobran el subsidio.
Sobre la cuestión, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO), Carlos Bravo, aseguró hace unas semanas que Trabajo había planteado a los agentes sociales una medida que posibilitaría mantener la base de cotización de los mayores de 52 años y vincular la misma a la evolución de la tasa de paro, aunque recalcó que es una propuesta planteada solo de «manera verbal» y no «de manera escrita».
Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado en numerosas ocasiones que el acuerdo sobre la reforma del subsidio por paro es «difícil», pero que desde el Ministerio que encabeza quieren «buscar el acuerdo en la mesa» porque esta situación «siempre es mucho mejor que una imposición».
UN ACUERDO QUE SINDICATOS QUIEREN QUE LLEGUE ANTES DE VERANO
De igual manera, los sindicatos UGT y CCOO han insistido en que «es posible» alcanzar un acuerdo sobre el subsidio por desempleo y que este consenso puede llegar «antes de verano».
Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el proyecto de ley del subsidio por desempleo es una medida «urgente» que la gente está «esperando», por lo que «no se entendería» que no se pudiera «concitar» una mayoría política suficiente para sacarlo adelante.
No obstante, ha subrayado que para conseguir que la reforma vea la luz, debe haber «una mayoría política», porque sino es un «poco tontería». «Este acuerdo, claro, tiene que ir acompañado de un perímetro político suficiente para validar el proyecto de ley», ha expuesto.
Esta misma postura la mantiene el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que considera que el acuerdo para reformar el subsidio se debería cerrar «en no mucho tiempo» y, además, con «ciertas garantías» para que luego reciba los «apoyos suficientes» en el Congreso para su aprobación.
Por su parte, la CEOE se ha mostrado abierta a reunirse con sindicatos y Gobierno para avanzar en esta cuestión, pero ha criticado a Díaz en reiteradas ocasiones por tener el «resultado final» de las mesa de diálogo social «ya marcado».
REFORMA VÍA PROYECTO LEY Y FIN DE LOS SUBSIDIOS PARCIALES
Por otro lado, tras la última mesa de diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos del pasado febrero, UGT y CCOO confirmaron que Trabajo llevaría acabo la reforma del subsidio por desempleo vía proyecto de ley y eliminaría los subsidios parciales para que los beneficiarios puedan cobrar el subsidio de manera íntegra, atendiendo así una demanda «unánime» de sindicatos y empresarios.
Desde UGT celebraron la decisión del Gobierno de realizar la reforma vía proyecto ley, porque posibilitará una «mayor negociación» con los grupos parlamentarios y no un trámite de urgencia, como el que se utilizó la vez anterior, cuando decayó en su tramitación parlamentaria.
En relación a los subsidios parciales, Trabajo planteó a los agentes sociales acabar con los subsidios de cuantía parcial, aquellos que reciben los trabajadores si su última relación laboral ha sido a tiempo parcial y que, por tener una jornada menor, son inferiores en importe a los que perciben los trabajadores a tiempo completo.
Desde CCOO valoraron esta propuesta como una medida que tendrá «un impacto de género evidente», pues esta situación afectaba fundamentalmente a mujeres.
No obstante, tras la última mesa realizada a finales de febrero, UGT y CCOO señalaron que los avances habían sido «insuficientes» y lamentaron que Trabajo no hubiera atendido las propuestas sindicales para ampliar la cobertura del subsidio a menores de 45 años o para mejorar los subsidios de mayores de 52 años.
Por tanto, este lunes por la tarde, Trabajo, sindicatos y patronal tienen una nueva oportunidad de avanzar en una mesa a la que está supeditada el pago de más de 10.000 millones de euros de fondos europeos.
