El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este miércoles la actuación de su departamento a la hora de autorizar ambientalmente la habilitación de los terrenos de El Toyo en los que se prevé desarrollar el festival de música electrónica Dreambeach, sentido en el que ha acusado al PSOE de «alentar el conflicto social» ante las movilizaciones de parte de los vecinos de la zona que rechazan el evento por su «proximidad» sus domicilios.
«En la consejería hemos actuado con toda la transparencia y con toda la diligencia», ha aseverado durante su comparecencia en comisión parlamentaria el consejero, quien ha detallado la autorización condicionada emitida por la Delegación Territorial de Sostenibilidad para adecuar los terrenos cuyo incumplimiento de ciertos preceptos ha conllevado el levantamiento de actas de infracción que aún no se han resuelto, según ha dicho.
Fernández-Pacheco ha rechazado entrar en debate sobre si la ubicación en la que se prevé efectuar el macrofestival «es la mejor o no» al considerar que no forma parte de sus competencias, si bien ha exhibido la copia de una carta con la que «personalmente» contesta a los vecinos del barrio capitalino y se pone a su «entera disposición» y a fin de «tranquilizar ante cualquier inquietud o cualquier problema que pudieran tener».
Así, ha instado al parlamentario del PSOE José Luis Sánchez Teruel que, en representación de su grupo, sugiera qué espacio sería el adecuado para la celebración del festival puesto que, según ha dicho, «sería recomendable que la oposición propusiera alternativas» en lugar de «criticarlo todo», sentido en el que se ha cuestionado si los socialistas buscan algún tipo de «rédito» a la hora de alentar «el miedo» entre los ciudadanos almerienses.
«Este consejero no redacta los condicionados, ese viceconsejero que hay ahí y esa secretaria general tampoco, lo hacen los técnicos a los que creo que hay que respetar», ha añadido el también portavoz del Gobierno andaluz, quien por otra parte ha valorado las «cosas buenas» que va a reportar el festival a Almería.
De este modo, ha añadido que la Junta de Andalucía va a «seguir vigilante» ante los permisos dados y el proceso sancionador abierto en abril a la empresa encargada de los trabajos de acondicionamiento de los terrenos por el «entierro no autorizado» de los «restos vegetales» procedentes de las tareas de desbroce y por no estar «aportando riego a la zona desprovista de vegetación», lo que ha provocado en varias ocasiones «emisiones de polvo debido al viento».
De igual modo, ha insistido en que desde su Consejería se ha «denegado parte de la solicitud» en la que los promotores interesaban el uso de la zona sur de los terrenos de carácter forestal que hay en El Toyo II además de la zona norte, que fue la que se brindó «en base a criterios técnicos».
«Los terrenos no están en la Red Natura 2000, ni el parque natural ni en ninguna zona ZEC, por lo que no existe afección», ha remarcado en cuanto a los aspectos que competen a su departamento y el «exhaustivo y riguroso pliego de condiciones generales y particulares de obligado cumplimiento» que se ha hecho llegar a la empresa.
UN FESTIVAL «A CIEN METROS DE LAS VIVIENDAS»
Por su parte, el parlamentario socialista ha incidido en que el «conflicto social» que surge en relación el festival se debe a «la decisión de ubicarlo en un determinado lugar por el Ayuntamiento de Almería y la promotora», como es la urbanización de El Toyo, donde según las previsiones, durante cuatro días se concentrarán unas 30.000 personas en un espacio situado «a cien metros» de las viviendas.
«Que sea un evento de primer nivel, que lo es en el ámbito de la música, y que sea bueno para la ciudad de Almería, que lo es, entendemos que no legitima ni justifica la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos», ha manifestado Sánchez Teruel, quien ha pedido «ponerse en la piel» de los residentes de la zona, cuyas movilizaciones les han hecho ya recoger mil firmas contra la ubicación del evento.
Para el diputado autonómico, la Junta tiene en su mano «parar» el festival «Ayuso lo hizo en Madrid con esta misma promotora», ha puesto como ejemplo antes de recordar algunos casos en los que determinadas administraciones «decidieron seguir adelante» y «los tribunales les condenaron a indemnizar a los vecinos», según ha advertido.
El diputado autonómico del PSOE ha cuestionado las actuaciones ya realizadas después de que el condicionado de la autorización ambiental otorgada se haya visto incumplido, por lo que lo cree «insuficiente» ya que, según ha advertido, la posterior celebración del festival conllevará un problema de «contaminación acústica».
«La autorización ha puesto de manifiesto, efectivamente, que sí había valores ambientales allí y que hay hábitats de interés comunitario en la zona», ha remarcado además Sánchez Teruel, quien ha observado cierta «laxitud» en la autorización por permitir que se eliminen «especies autóctonas» a criterio del receptor de la autorización, entre otros factores.
Igualmente, ha recalcado que la propia autorización fijaba que el incumplimiento del condicionado debería haber acarreado «dejar sin efecto» la propia autorización. «A día de hoy se ha incumplido a rajatabla y, como digo, no se ha revocado la autorización y tampoco sabemos el contenido de los expedientes», ha incidido.
PP: SE HA BUSCADO «EL CONSENSO»
Por su parte, el parlamentario del PP Manuel Guzmán ha asegurado que tanto desde la Junta de Andalucía como sobre todo desde el Ayuntamiento de Almería que dirige la alcaldesa, María del Mar Vázquez (PP), ha habido una «búsqueda constante del consenso» con los vecinos tras haber analizado los pros y contras de posibles ubicaciones para el festival, de modo que se han dado «todas las explicaciones posibles» y se han «atendido sus demandas».
«Las dudas razonables que pudieran tener los vecinos más cercanos a la ubicación del festival se fueron aclarando», ha asegurado Guzmán, para quien dicho diálogo «permanece abierto» para «seguir mejorando», de modo que «no existe ningún conflicto social». «Eso es un bulo más de todos ustedes», ha llegado a replicar a los socialistas.
Así, ha enmarcado dentro de la normalidad las «molestias» que pueden causar las actividades deportivas y culturales que «rompen la monotonía diaria», lo que no debe ser óbice, según entiende, para la celebración de este tipo de espectáculos.
«Para nosotros la inacción nunca ha sido ni va a ser una opción», ha defendido el representante ‘popular’, quien ha contrapuesto las «molestias» criticadas desde el PSOE por la celebración del festival en Almería frente al periodo en el que tuvo lugar en la playa de Quitapellejos-Villaricos de Cuevas del Almanzora. «Ahí no molestaba», ha ironizado.
Por su parte, desde Por Andalucía se ha reclamado un mayor grado de «transparencia» en el cumplimiento de la ley ante la petición de determinados informes de adecuación para comprobar la idoneidad del espacio elegido, ya que de lo contrario se «da la sensación de que hay algo que ocultar».
Asimismo, el grupo parlamentario de Vox ha valorado el impacto económico de este macroevento aunque cree «fundamental» que se lleve a cabo de una «manera responsable y respetuosa, tanto con el medio ambiente como con nuestros vecinos». «El responsable para garantizar que se cumplan todas estas regulaciones normativas es el Ayuntamiento», han incidido al respecto antes de reclamar una «comunicación abierta y transparente con la comunidad» por parte de la administración local.
