El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería va a acoger el próximo viernes la vista oral contra los 28 activistas de Greenpeace acusados de provocar presuntos daños al hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), durante una acción reivindicativa que llevaron a cabo en mayo de 2014.
Después de diez años de espera, ya que el juicio se pospuso el pasado año, los acusados se enfrentan a penas de un año de prisión y de multa de 24 meses a razón de seis euros al día por un presunto delito de daños, esto es, 30.240 euros en total.
Los 28 activistas se sentarán en el banquillo tras prosperar la acusación particular ejercida por la promotora Azata del Sol, ya que la Fiscalía no ha formulado escrito contra ellos, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Considera el Ministerio Fiscal que, a lo largo de la extensa investigación judicial, «no ha aflorado ningún indicio que acredite lo que hizo cada una de las personas identificadas» y, en particular, «si ocasionaron algún daño concreto».
El juez instructor de la causa dictó auto de apertura de juicio oral en febrero de 2021 e imputó a los acusados la presunta comisión de delitos de daños por el que interesa multas de 24 meses a razón de seis euros al día.
Además, les atribuye un supuesto delito de desobediencia, por el que la promotora del hotel solicita 12 meses de cárcel para cada uno. Al margen, pide una la responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria, de 186.703 euros.
El auto sostiene que los activistas accedieron presuntamente al hotel, que pintaron la fachada de negro con la leyenda ‘Hotel ilegal’, que «fracturaron las puertas» y que, al ser requeridos por agentes de la Guardia Civil para que cesarán y depusieran sus actitud, habrían desobedecido tales órdenes.
La causa penal fue archivada por el juzgado instructor, si bien en segunda instancia, la Audiencia Provincial ordenó su reapertura en 2017 tras la impugnación de Azata del Sol.
Tanto el juez como el fiscal concluyeron entonces que los investigados «no tenían la intencionalidad de dañar propiedad ajena», sino que era «una manera de protestar».
La Fiscalía, que siempre ha pedido el sobreseimiento, estimó que «prima el componente simbólico al material» y mantiene que, dados los pronunciamientos judiciales contrarios a la legalidad del hotel, si se llevase a cabo la demolición, «los desperfectos quedarían sensiblemente anulados o disminuidos».
Para reabrir la instrucción, la Audiencia Provincial de Almería consideró «debidamente justificada la perpetración del presunto delito de daños» en el transcurso de la que entonces era la sexta acción del colectivo conservacionista en el establecimiento y que consistió en dibujar un punto negro de 8.000 metros cuadrados en la fachada con la leyenda ‘Hotel ilegal’ para exigir su desmantelamiento inmediato.
Remarcó para ordenar la reapertura que «nada justificaba la realización de los mismos» y concluyó que la existencia de procedimientos en el orden contencioso administrativo en torno a la legalidad del hotel era «un hecho divulgado por los medios de comunicación», pero que «ni alcanza el nivel de hecho notorio, ni obra reflejado en modo alguno donde debería estarlo, es decir, en las diligencias previas».
«El atestado, además, identifica a una considerable cantidad de personas, entre 30 y 40, integrantes del grupo, que, de modo unitario, entraron en el lugar provisto del material de pintura, identificando a algunos partícipes que, siempre según aquel, admitieron ante la Guardia Civil su actuación», finalizaba la resolución.
Fueron más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, los que acudieron el 11 de mayo de 2014. Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitiera un segundo pronunciamiento que después fue revocado pero que, en ese momento, contradecía el anterior dictado por el mismo órgano en el que declaraba el terreno del Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más «que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley».
Cuatro días después de esta acción, un centenar de vecinos de Carboneras acudieron al hotel para modificar la pintada realizada por los activistas y cubrir de negro la ‘i’ de ‘ilegal’ para reivindicar así la apertura del edificio ya que, según ha defendido una parte de la población, sería «beneficioso» para la localidad «en cuanto a generación de puestos de trabajo y riqueza».
18 AÑOS DE «LUCHA PARA SU DERRIBO»
Ante esta cita judicial, Greenpeace ha señalado que dicho hotel se levantó hace más de 18 años y que la organización lleva desde entonces «luchando para su derribo».
La decisión de abrir juicio oral contra los activistas ha impulsado, según la entidad ecologista, que «28 personas lleven una década con sus vidas en suspenso a la espera de saber si serán condenados por un posible delito de daños en el inmueble ilegal».
«La misma empresa que ejecutó el símbolo de la destrucción de la costa y del agotamiento de un modelo turístico que nos está asfixiando, es la que pide que se juzgue a quienes defienden la legalidad. Es el mundo al revés. La Justicia no puede ser cómplice de este desatino», ha declarado al respecto la directora de Greenpeace, Eva Saldaña.
Para la representante de la entidad «son las administraciones públicas quienes deben llevar a Azata a los tribunales y reclamarle los ocho millones de euros que costará la desaparición del mamotreto ilegal y la restauración de la zona».
Los activistas acudieron al establecimiento para señalar con un enorme punto negro el «hotel ilegal» situado a 14 metros del mar y dentro de una zona de especial protección del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. «Han tenido que transcurrir diez interminables años para que las 28 personas acusadas afronten el juicio que dirimirá si defender la legalidad tiene un coste», han lamentado.
Así, defienden que la actividad se realizó en un espacio público según la Orden Ministerial de 2005 que estableció que, según la Ley de Costas, el hotel se asienta sobre la llamada servidumbre de protección.
«Esta Orden Ministerial fue declarada legal por el Tribunal Supremo. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se avisó, tanto a la constructora, Azata del Sol SL, como al Ayuntamiento de Carboneras, que no se podía construir el hotel» pero «ambos optaron por ignorar la legalidad y conceder las licencias para levantar el hotel en espacio protegido», han mantenido.
