Greenpeace ha insistido ante el TSJA en la necesidad de suspender la ejecución forzosa de la sentencia que obliga al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a revisar de oficio la licencia municipal de obras que daría pie a la demolición del hotel de Azata en el paraje del Algarrobico hasta garantizar la protección de los suelos a través del PGOU puesto que, según el colectivo, habrían vuelto a ser urbanizables, lo que pondría en riesgo la anulación del permiso.
La asociación ecologista trata de evitar que el Ayuntamiento de Carboneras pueda utilizar el «subterfugio» de alegar que los terrenos son urbanizables en el PGOU para concluir que la licencia de obras «no puede ser anulada», por lo que insiste en retomar dicho trámite una vez «estando ya clasificados los terrenos como protegidos» en el planeamiento.
La entidad conservacionista sostiene que en la actualidad no está reflejado documentalmente en el planeamiento urbanístico que El Algarrobico es «suelo no urbanizable de especial protección» ya que la anulación por parte del TSJA del acuerdo de pleno que modificó en PGOU en abril de 2023 para proteger el paraje habría provocado que los terrenos «sigan siendo urbanizables» como hace más de 20 años.
«Si ahora se obliga al Ayuntamiento de Carboneras de forma coactiva a iniciar el expediente de revisión de la licencia de obras, es muy posible que amparados en que los terrenos siguen estando clasificados como urbanizables en el PGOU concluya que la licencia es legal», insisten desde Greenpeace en su escrito de alegaciones, consultado por Europa Press.
En este sentido, alude a la previa necesidad de cumplir con el fallo que obliga al Ayuntamiento a clasificar El Algarrogico como suelo no urbanizable de especial protección ya que «tras ocho años de la publicación de dicha sentencia El Algarrobico sigue figurando a fecha de hoy como urbanizable en el PGOU».
Al respecto, cabe recordar que el TSJA tramita dos incidentes de ejecución forzosa: uno por el fallo que ordena al Ayuntamiento modificar el PGOU para reflejar que es suelo no urbanizable de especial protección por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994; y otro por la resolución firme del Supremo que le obliga a revisar de oficio la licencia municipal de obras del hotel, concedida en 2003.
Asimismo, han puesto de relevancia la nueva «maniobra dilatoria» del Ayuntamiento de Carboneras para eludir la ejecución de la sentencia relativa a la licencia de la que tiene conocimiento desde «hace dos años».
«Es obvio que el Ayuntamiento de Carboneras, con indiferencia de cuál sea el equipo que gobierne, no tiene la intención de cumplir esta sentencia, ni ninguna otra relacionada con el hotel», han estimado después de que el Consistorio anunciara su «intención» de llevar a pleno la adopción de acuerdo para revisar de oficio la licencia una vez reorganizado el equipo de gobierno con Salvador Hernández (CS) al frente del mismo en coalición con el PSOE.
PERSONACIÓN DE LA JUNTA
El planteamiento de Greenpeace sobre la necesidad de proteger los suelos antes de revisar de oficio la licencia choca con el de la Junta de Andalucía, para la cual el terreno ya es «no urbanizable» tras el auto judicial que anuló el acuerdo municipal de abril de 2023, por el que se modificó el planeamiento que lo recoge como «urbanizable» y lo declaraba como «espacio protegido».
En este sentido, y tras haberse personado en el incidente de ejecución, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ya avanzó la solicitud hecha al TSJA para ejecutar la sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia de construcción del hotel.
Desde el Gobierno andaluz se considera que la anulación de la licencia es el último paso previo para iniciar las tareas de demolición del hotel y poder así restituir la playa a su estado original, si bien mantiene que «la pelota sobre el derribo del Algarrobico está en el tejado» del Ayuntamiento de Carboneras.
Por su parte, la empresa promotora del hotel también solicitó al TSJA continuar con la ejecución forzosa de la sentencia puesto que, según han alegado, para revisar de oficio la licencia municipal de obras «no se precisa» que el ayuntamiento «cumpla» con la otra sentencia que le obliga a calificar El Algarrobico como «suelo no urbanizable de especial protección» al ser zona ‘C1’ en el PORN del parque natural de Cabo de Gata-Níjar
El TSJA requirió el pasado 9 de febrero al alcalde de Carboneras para que acreditase en el plazo máximo de un mes que había iniciado el procedimiento para revisar la licencia que, presumiblemente, debe concluir con su anulación, pero solo un mes después, la sala decidió revocar la modificación del PGOU que clasificó el suelo del hotel «de especial protección».
La sala anuló en marzo el acuerdo de pleno que desclasificaba como urbanizable el paraje al considerar que el equipo de gobierno carbonero que entonces lideraba el socialista José Luis Amérigo lo redactó con la «intención» de «eludir» el «verdadero cumplimiento» de la sentencia.
El TSJA daba la razón tanto a Junta andaluza como a Greenpeace. Antes, hubo un intento fallido del exalcalde del PP, Felipe Cayuela, destituido tras la moción de censura, por enmendar el acuerdo y hacer constar en el PGOU que El Algarrobico está protegido «desde 1994» por la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
