El Parlamento rechaza con los votos del PP-A pedir a la Junta modificar la orden de tarifación de conciertos del SAS. El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos del PP-A, una proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista que planteaba reclamar a la Junta cambios en la Orden de 23 de febrero de 2023, por la que se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios, que se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el 2 de marzo de 2023.
La iniciativa incluía una docena de reclamaciones que se han votado en tres bloques, y que han contado en todos los casos con el rechazo del PP-A y el respaldo de Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que Vox ha apoyado una, se ha abstenido ante otra y ha votado en contra del resto.
Entre otras cuestiones, la PNL planteaba instar a la Junta a «suprimir de la Orden cualquier referencia que haga alusión o posibilite la cesión de infraestructuras o medios públicos a las empresas privadas», e incluir en la misma que «cualquier infraestructura, medio diagnóstico o dotación sanitaria que haya sido financiada con fondos públicos será destinada en exclusividad al sistema sanitario público andaluz».
El Parlamento rechaza con los votos del PP-A pedir a la Junta modificar la orden de tarifación de conciertos del SAS
Otras reclamaciones que el PSOE-A dirigía a la Junta con esta iniciativa eran que suprima del texto de la orden «la posibilidad de concertar servicios sanitarios/actividad asistencial con centros/empresas sanitarias privadas de comunidades limítrofes u otras comunidades autónomas», y que incluya «la condición de la asunción, por parte del centro concertado, de los costes de las complicaciones de los actos asistenciales que realicen los centros concertados sin límite de tiempo».
Asimismo, el Grupo Socialista planteaba en esta iniciativa que el Parlamento instase al Gobierno andaluz a «incluir expresamente un número mínimo de consultas de revisión tras una intervención quirúrgica, en función de los protocolos existentes en el SAS o de la evidencia científica», así como a «retirar la posibilidad de realizar conciertos por disponibilidad y por actividad asistencial en un mismo centro».
Por otro lado, el PSOE-A también quería que el Parlamento instase a la Junta a «incluir en la modificación de la Orden la garantía legal de plazos vigente en el Sistema Sanitario Público de Andalucía también para la actividad concertada», y «la prohibición expresa de concertar actividad asistencial con profesionales sanitarios sin título homologado en España, como recoge la legislación estatal».
Finalmente, la iniciativa socialista planteaba que el Parlamento instase al Gobierno del PP-A a incluir en la referida orden «una relación de los procedimientos médicos a concertar», y a «realizar una revisión de las tarifas incluidas en el Anexo para evitar al alza de precios sin justificar que se han introducido en la Orden de 2023».
DEFENSA DE LA INICIATIVA
En su defensa de esta iniciativa ante el Pleno, la portavoz de Salud del Grupo Socialista, María Ángeles Prieto, ha sostenido que la referida orden es «una oda a la privada, una autopista para continuar a toda velocidad por la senda de la privatización» de la sanidad, y «está ideada y gestada desde la privada».
La representante del PSOE-A ha denunciado que con la nueva orden los conciertos son «más caros» y «no bajan las listas de espera», y al respecto ha puesto de relieve que desde 2018 «hay un 128% más de conciertos con la sanidad privada» en Andalucía, que en seis años ha pasado «de ser la antepenúltima comunidad en privatización a la cuarta a la cabeza», según ha criticado.
María Ángeles Prieto ha manifestado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, «está vendiendo a la privada nuestra sanidad pública», y ha denunciado que la referida orden de la Consejería de Salud «introduce la posibilidad de ceder instalaciones sanitarias públicas a las privadas» y «abre la puerta a se pueda concertar servicios sanitarios con entidades privadas de otras comunidades autónomas», así como «no incluye el transporte sanitario en los procedimientos concertados».
Ha agregado además que la nueva orden «autoriza que los profesionales sanitarios pueden ejercer sin el título homologado en nuestro país y permite que los hospitales concertados realicen conciertos de forma simultánea».
PP-A RECHAZA LA INICIATIVA SOCIALISTA
En el turno de posicionamiento de los grupos, el parlamentario del PP-A José María Ayala ha defendido el «voto desfavorable» de su grupo «a todos y cada uno de los puntos» de la PNL del PSOE-A por «tres razones fundamentales», comenzando por la de que la iniciativa socialista «no es propositiva en términos de mejora de la gestión del servicio público sanitario», sino más bien «demagógica y errónea en sus soluciones», ha opinado.
Además, el representante del PP-A ha afeado al PSOE-A que los argumentos vertidos en su iniciativa «no se ajustan al ámbito que se regula en la modificación de la propuesta pretendida por el Consejo de Gobierno», y ha señalado que no pueden «tomar en consideración» los planteamientos socialistas recogidos en la PNL «porque no atienden a las necesidades reales que tiene la sanidad pública andaluza a día de hoy, ni a las vías de mejora continuas que debemos implementar».
Por su parte, el diputado de Vox Rafael Segovia ha señalado que su grupo es partidario de una sanidad pública «excelente» y una privada con el mismo nivel que «complemente» a la primera «allí donde haga falta y cuando haga falta, para que todos los andaluces estén asistidos», y ha advertido de que no comparte «diagnóstico» con el PSOE-A aunque también piense que la sanidad andaluza «está mal» ahora mismo.
En esa línea, ha sostenido que «no es cierto» que la «posibilidad de concertar con entidades privadas las consultas médicas de atención primaria» que contemplaba la orden fuera una medida que «no se había planteado nunca en Andalucía ni en el resto de las comunidades autónomas», porque ya existe un modelo de «privatización» de atención sanitaria que «se mantiene con buen resultado».
Frente a ello, la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, ha criticado que la referida orden de la Consejería «abría un capítulo inédito en España» porque permitía que «se pudiera llegar a concertar con clínicas privadas la atención primaria», y ha sostenido que los cambios que aceptó la Junta en dicha disposición se produjeron como consecuencia de la «movilización» de plataformas en defensa de la sanidad pública, sindicatos u organizaciones de pacientes que «puso en evidencia la manera en la que el pueblo andaluz siente como suya la sanidad, como un logro colectivo y como algo a preservar».
La también representante de IU ha aprovechado su intervención para criticar «la estrategia de privatización de la sanidad pública» que, según ha denunciado, mantiene el Gobierno del PP-A «contra viento y marea» y que «ya está teniendo unas consecuencias en la salud de la población», provocando que haya «demasiada gente sufriendo de manera gratuita».
Por último, la presidenta del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha denunciado que esta orden de la Junta «tiene muchísima enjundia y no deja títere con cabeza» para «seguir privatizando» la sanidad andaluza, donde ya «casi tenemos el doble de hospitales privados que públicos», según ha advertido la diputada, que ha subrayado que con esta política no sólo no mejora, sino que «va empeorando la situación de las listas de espera», y ha concluido que con órdenes como ésta «va a ser imposible levantar los problemas de la sanidad pública» andaluza.
