La Fiscalía Europea reclama la competencia para investigar la totalidad del ‘caso Koldo’. La Fiscalía Europea ha anunciado este jueves su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como ‘caso Koldo’ por el nombre de un asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios.
«Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo», indica el comunicado enviado por la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).
La Fiscalía Europea reclama la competencia para investigar la totalidad del ‘caso Koldo’
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del ‘caso Koldo’, se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo.
Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo a requerimiento de Bruselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.
El cometido de la Fiscalía Europea es combatir el fraude contra las finanzas de la UE. La Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la UE y para ejercer la acción penal al respecto.
Realiza investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude por un importe superior a 10 000 euros en fondos de la UE o sobre casos de fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros. Colabora además estrechamente con las autoridades policiales y judiciales nacionales, y con otros organismos tales como Eurojust y Europol.