Andalucía inicia los trámites para presentar un recurso contra la Ley de amnistía ante el TC. El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes instar a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a iniciar los trámites para presentar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña aprobada en el Congreso de los Diputados la pasada semana.
De esta manera, los servicios jurídicos de la Junta elaborarán el recurso de inconstitucionalidad, que se podrá presentar en un plazo de tres meses una vez que la Ley de amnistía haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Andalucía inicia los trámites para presentar un recurso contra la Ley de amnistía ante el TC
El Ejecutivo andaluz espera presentarlo a la mayor «brevedad» posible una vez que arranque el plazo, según ha manifestado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que se va a reaccionar «de manera democrática, serena y útil», a través de un recurso ante el TC, frente a una ley «injusta y claramente inconstitucional», que «no es buena ni en términos institucionales ni económicos» ni para garantizar la integridad territorial de España.
Según ha expuesto Sanz, el Gobierno andaluz reconoce que las Cortes Generales tienen atribuido el ejercicio de la potestad legislativa, pero que dicha potestad está «sujeta a límites, debiendo ejercerse de manera que no vulnere la Constitución Española ni suponga una reforma encubierta de la misma».
En este sentido, la Junta considera que la ley aprobada por el Congreso de los Diputados «vulnera normas y principios constitucionales». «Vulnera el principio de separación de poderes al existir una clara intromisión del Legislativo, que no se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes de incoación», según ha señalado Sanz.
Por otro lado, según ha agregado, «vulnera el derecho de los españoles a la igualdad ante la ley al establecer arbitrariamente que por unos mismos hechos ilícitos y en un mismo ámbito temporal unos españoles deberán responder mientras otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad penal, administrativa y contable».
También vulnera, a juicio del Gobierno andaluz, el principio constitucional «de seguridad jurídica, al definir un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, al abrir un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos las leyes no se aplican».
Asimismo, según Sanz, también se «vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas de los delitos a los que se aplica la amnistía». Entre los perjudicados, según la Junta, se encuentran los poderes públicos cuando el delito amnistiado es el de malversación de caudales públicos o quienes hayan sufrido daños en sus personas o en sus patrimonios, como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Asimismo, la Junta alerta de que la amnistía supone la «extinción de las responsabilidades civiles y contables de manera que los menoscabos de fondos públicos quedarán impunes».
Para el Gobierno andaluz, se vulnera además «la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la medida en que los actos previos, simultáneos y posteriores a su aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la han apoyado».
El Gobierno andaluz denuncia la existencia de un acuerdo «para humillar al estado y doblegar la Constitución, menospreciando también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los jueces que juzgaron y condenaron a quienes actuaron contra nuestra Carta Magna».
Sanz ha precisado que en el recurso no se puede pedir la suspensión cautelar en la aplicación de la ley porque las comunidades no tienen esa capacidad en este caso.
