Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, va a comparecer este martes en la Comisión de Interior del Senado para exponer las supuestas «irregularidades» que se estarían dando en la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y «la intención espuria de la misma de realizar un documental o serie televisiva sobre el caso».
En concreto, la comparecencia prevista a partir de las 11,30 horas tiene como objetivo, por un lado, informar sobre la situación que padecen las víctimas de delitos violentos y, por otro lado, la necesidad de introducir «reformas legislativas» para proteger los derechos de las víctimas y el honor y la imagen «de las personas que ya no se pueden defender, en especial de los menores de edad».
La comparecencia forma parte de la iniciativa anunciada por la madre del menor, quien anunció el pasado 11 de mayo su intención de encabezar una batalla judicial para frenar la supuesta producción de este ‘true crime’ tras tener indicios de que Ana Julia Quezada tendría un teléfono móvil y habría contactado con periodistas para filmar desde prisión el documental.
A través de sus redes, Ramírez ha incidido en que va a solicitar medidas «urgentes» para que las personas condenadas a prisión «por delitos violentos graves y contra la vida» no pueda «lucrarse y realizar entrevistas, documentales, series o libros» sobre los delitos cometidos «sin el consentimiento de las víctimas».
Según sostiene, el derecho a la intimidad y honor de las víctimas debe salvaguardarse ante este tipo de prácticas, especialmente para «no volver a permitir» que dichos agresores las «lesionen públicamente» de nuevo «revictimizándolas».
«Espero nos atiendan, protejan y amparen para tener calma, vivir sin miedo y que ninguna víctima tenga que pasar por lo mismo», ha manifestado la madre de Gabriel Cruz, quien ha añadido que a petición de otras víctimas trasladará sus solicitudes «de protección» al finalizar la comparecencia.
«IRREGULARIDADES» EN PRISIÓN
Patricia Ramírez tiene previsto dar a conocer «los continuos incumplimientos del estatuto de la víctima tanto por acción u omisión, las irregularidades dentro de la cárcel de Ávila e instituciones penitenciarias, acciones legales emprendidas y denuncia de diferentes hechos criminales».
Así, también va a solicitar una serie de «medidas urgentes» para investigar los hechos y «depurar responsabilidades», así como para «resolver su situación económica en aras a la responsabilidad civil» de medio millón de euros a la que fue condenada la asesina, la cual todavía no habría sido satisfecha.
No obstante, ha dejado claro que su principal interés pasa por protegerse de la «intención clara» de la «lesionar» a los allegados de Gabriel Cruz al «contar una nueva versión de lo acontecido».
La mujer aseguró en su comparecencia de mayo que cuenta con indicios suficientes para saber que durante los últimos meses una productora, cuyo nombre ha declinado revelar, estaría preparando un ‘true crime’, para lo que habría conseguido entrevistas con Ana Julia Quezada.
La madre del ‘pescaíto’ especificó su intención de interponer querellas criminales por presuntos delitos de cohecho contra funcionarios de prisiones, que habrían facilitado esas entrevistas «sin permiso» de sus superioridad, y otras personas relacionadas con la presa «fuera de la cárcel», así como contra la propia Ana Julia Quezada y contra Instituciones Penitenciarias, de manera subsidiaria.
Desde entonces, ha iniciado una campaña bajo el lema ‘Nuestros peces no se venden’ encaminada a la protección de la imagen de los menores que se han visto envueltos en graves sucesos ante la producción de docu-series y dramas que reviven estos hechos.
