El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha asegurado este viernes que desde el Ayuntamiento trabajan a «marchas forzadas» para llevar a Pleno el expediente con el que dar respuesta a los requerimientos del TSJA de cara a acreditar que los terrenos del paraje del Algarrobico, sobre los que se erige el hotel de Azata del Sol, son no urbanizables así como para iniciar los trámites de la revisión de oficio de la licencia.
«Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento también tiene que atender otras situaciones con unos recursos que son muy limitados», ha manifestado Hernández en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado que esta localidad costera de 8.500 habitantes aumenta su población de cara a la temporada de verano.
El primer edil carbonero ha incidido así en que el Consistorio cuenta desde el pasado 10 de junio con una secretaria municipal que «está por acumulación» y que acude «un día a la semana» en sustitución de la titular, que se encuentra de baja desde el pasado mes de marzo.
No obstante, ha apuntado que la funcionaria trabaja de la mano de los servicios técnicos municipales en el informe que se llevará a la sesión de Pleno, previsiblemente en las próximas semanas, con el que se dará respuesta a las peticiones del alto tribunal andaluz tras dos autos a los que no se ha dado respuesta, lo que ha llevado al TSJA a advertirle con la posibilidad de acudir a la Fiscalía ante un posible delito de «desobediencia».
«Nuestra intención es llevar el tema a pleno y atender los requerimientos del TSJA«, ha asegurado Hernández, quien ha recordado que él mismo dio cuenta de la situación municipal al coordinador de Greenpeace Andalucía, Luis Berraquero, al que se explicó durante una reunión el pasado 17 de mayo que el Consistorio contaba con un secretario accidental sin la habilitación suficiente para llevar a cabo los trámites.
La falta de respuesta ante el órgano judicial ha llevado a Greenpeace a solicitar al TSJA que dé traslado a Fiscalía de los incumplimientos del Ayuntamiento, al que se ha solicitado repetidamente «certificación» de que el PGOU en vigor «cumple debidamente» la sentencia que le obliga a calificar el paraje de El Algarrobico como «suelo no urbanizable» y «de especial protección».
En su último escrito, la asociación ecologista ha dado cuenta de la falta de respuesta a los requerimientos hechos el pasado 8 de mayo y 10 de junio al alcalde, apercibido por la Sala ante un posible delito de «desobediencia».
Greenpeace incide en que ha vencido el segundo plazo concedido ya al Ayuntamiento de Carboneras para que aporte el instrumento de planeamiento vigente con el que acreditar que la protección del suelo fue restituida sin que conste remisión alguna.
«A juicio de esta parte, procede dar traslado a Fiscalía por si considerase que se ha cometido un presunto delito de desobediencia», expone la entidad conservacionista ante la falta de respuesta a los dos autos dictados por el alto tribunal andaluz.
Asimismo, recalca que la tramitación de la pieza destinada a dar cumplimiento a la sentencia y conseguir que el Algarrobico figure como «no urbanizable» en el plan general de Carboneras acumula «tres años de tramitación» y sigue «exactamente igual que en 2021».
En este sentido, vuelven a solicitar la «ejecución forzosa» de la sentencia de 2016 que le obliga a restituir la legalidad de los suelos protegidos tanto en el sector de El Algarrobico o ST-1 como en el Canillar (ST-2), ambos en el municipio.
