España se enfrenta a un desafío crítico en su mercado laboral con «más de 148.000 puestos de trabajo vacantes en 2023, un 44% más que durante la pandemia. Este fenómeno, que supone una pérdida de más de 8.000 millones de euros para el PIB» según este informe, revela problemas estructurales profundos. Además, se espera que esta cifra podría triplicarse. Hay más de 148.000 puestos de trabajo sin cubrir en España
Los principales detonantes de este problema está la incompatibilidad entre la formación que reciben los jóvenes y las necesidades reales del mercado laboral. La educación sigue enfocándose en disciplinas pocos demandadas y los que realmente necesitan cubrir plazas (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) no tienen los suficientes graduados.
La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha presentado un nuevo Informe Socioeconómico de la provincia de Málaga, durante la cual han destacado el crecimiento de un 3,6% al cierre del pasado año.
El documento comprende análisis, información sectorial de la economía malagueña, perspectivas y propuestas empresariales, ofreciendo una imagen dinámica y actualizada de nuestro panorama económico y financiero, con el objetivo de contextualizar el momento que vive la economía provincial, su conexión con las circunstancias que la conectan al ámbito regional, nacional, europeo y global, así como la evolución de sus principales sectores productivos.
El informe presta especial atención a los indicadores que miden la salud del tejido empresarial, especialmente, el ritmo de creación de empresas, autónomos o el propio empleo, entre otros.
Un informe que destaca el dinamismo de la economía de la provincia, que cerró el pasado año creciendo un 3,6%. Según Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva de CEM, «podemos afirmar que 2023 fue un ejercicio positivo, marcado por el ritmo de creación de empresas y autónomos, el buen comportamiento del empleo, con métricas récord en turismo y exportaciones, y presentado cifras históricas en su balanza comercial. No obstante, permanecemos atentos a unas perspectivas que marcan nuestro crecimiento el presente año en torno al 2,8%».
Todo ello, creciendo por encima del PIB andaluz (2,4%), nacional (2,5%) y europeo (0,5%). Y haciéndolo en un contexto no exento de retos e incertidumbre.
La vicepresidenta de CEM se ha referido a este contexto destacando «la capacidad de resiliencia europea, sobreponiéndose a los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania, la crisis energética y una política monetaria dura, con la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo que, ya en este segundo semestre de 2024, ha comenzado a descender».
Al respecto, ha incidido en que «afrontamos retos importantes, como la transformación de un modelo productivo debilitado por las tensiones geopolíticas, a favor de impulsar el comercio internacional, la reconversión industrial y energética, la reorganización de las cadenas de valor y el refuerzo de nuestros sistemas de defensa».
En definitiva, «para resituarnos en un contexto global marcado por la tensión geopolítica y los conflictos bélicos, además de otras circunstancias, como los cambios demográficos, la transición energética o los avances tecnológicos, la transformación social y cultural que se está produciendo».
POR SECTORES
El informe parte de su análisis de las infraestructuras en la provincia de Málaga, ante un 2023 marcado por la limitación de inversiones públicas (acusadas en 2024 por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado); especialmente, en materia hídrica y ferroviaria.
Por otra parte, destaca el negativo resultado del sector agrícola, afectado por la sequía, los sobrecostes energéticos y de materias primas, además de la subida del SMI. La construcción atraviesa momentos de recuperación, si bien el mercado de la vivienda se sitúa en un contexto complejo y marcado por una situación inmobiliaria de escasa oferta y amplia demanda, con elevados precios, falta de suelo y construcción de VPO, entre otras variables.
Por su parte, el comercio ha experimentado un notable crecimiento, con cifras positivas en el caso del minorista y su consecuente impacto en el empleo, además del ascenso constante del comercio exterior, en empresas regulares y volumen de exportaciones.
El 2023 ha sido también un año histórico para el turismo en nuestra provincia, con claros síntomas de desestacionalización, diversificación y récords en cuanto a número de viajeros, pernoctaciones y gasto medio, con un claro exponente en el tráfico aéreo y el tránsito registrado en el Aeropuerto de Málaga, superando los 22 millones de pasajeros.
El sector tecnológico está en el centro de todas las miradas. Imparable en su crecimiento empresarial y su influencia en el empleo, también está poniendo en evidencia la acuciante necesidad de suelo productivo y oficinas de la provincia; especialmente, de la capital, así como la modernización e impulso de los parques empresariales ya existentes.
MÁS EMPRESAS, MÁS EMPLEO
La provincia de Málaga ha consolidado en 2023 su ritmo de creación de empresas y altas de autónomos posicionándose como tercera provincia española (segunda, en el caso de los trabajadores autónomos) y a la cabeza de Andalucía.
Un aspecto que se relaciona directamente con la generación de actividad económica y, por supuesto, el impulso del empleo, que finalizó el año en niveles ya anteriores a los de la última crisis financiera, superando récords absolutos durante el primer semestre de 2024.
Todo ello, afianzando prácticamente la mitad del empleo generado con carácter indefinido y reduciendo su tasa de paro, a pesar del constante crecimiento de nuestra población activa, de forma continua desde hace más de veinte años.
PROPUESTAS PARA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
El presidente de CEM, Javier González de Lara, ha centrado este apartado en «la competitividad empresarial como reto, como desafío irrenunciable para nuestro crecimiento económico y desarrollo social, partiendo de la reestructuración del gasto público, hacia una mayor eficiencia, optimizándola, agilizándola y adecuando su estructura». Además, ha incidido, «necesitamos un sistema tributario claro y estable, que ofrezca certidumbre y seguridad jurídica, que incentive la actividad económica y disminuya la presión fiscal».
También se ha referido al tamaño empresarial, subrayando que «debemos ganar en dimensión de nuestras empresas, crecer, y para ello es necesario revisar normativa, ayudas, obstáculos fiscales y administrativos, y favorecer la inversión productiva». Por tanto, «debemos apoyar a nuestras pymes, a los empresarios y empresarias para que continúen invirtiendo en sus proyectos y los amplíen».
González de Lara ha mencionado otros puntos, como la gestión de los recursos energéticos, la economía digital o la inversión en I+D+i, refiriéndose a otro campo ineludible como la internacionalización de nuestras empresas, «priorizando el aumento de la base exportadora y promoviendo que cada vez sean más empresas las que exporten y tengan presencia internacional, con mayor regularidad y volumen de actividad».
En el campo de la atracción y ejecución de inversiones, ha destacado las infraestructuras «como elemento clave para nuestro futuro y competitividad, con un doble objetivo: conservar y optimizar las existentes y desarrollar otras nuevas que atiendan nuestras necesidades, permitiendo impulsar proyectos estratégicos».
En este sentido, se ha referido a la falta de infraestructuras hidráulicas, de conectividad (como el Tren Litoral) o a la necesaria mejora de espacios productivos para acoger proyectos de mayor dimensión; por ejemplo, adaptando la red eléctrica para posibilitar el funcionamiento del Puerto Seco de Antequera.
El presidente de CEM ha repasado otros asuntos, como la educación y la formación, así como el mercado laboral, refiriéndose «al diálogo social y la negociación colectiva como herramientas fundamentales para la toma de decisiones, al contrario de lo que viene sucediendo, desde la unilateralidad del Gobierno», remitiéndose «a los numerosos convenios activos y firmados junto a los sindicatos, así como al espíritu de la última reforma laboral, que tan buenos resultados ha dado».
También ha demandado desde las empresas «más seguridad jurídica, transparencia y sensatez para abordar reformas de forma flexible, atendiendo a unos tiempos lógicos y a las particularidades de cada sector, midiendo el alcance y las consecuencias que pueden afectarlos».
