La nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) del municipio almeriense de Vélez-Rubio, con la que se evitará la proliferación de vertidos a la rambla Chirivel, donde se ha producido un problema de contaminación, saldrá a licitación este año conforme a las previsiones de la Junta.
Según han indicado a Europa Press desde el Gobierno andaluz, la instalación acordada en febrero de 2022 cuenta ya con un «informe técnico favorable» por parte de la Dirección General de Infraestructuras del Agua y tan solo está «pendiente de licitación», por un presupuesto base inicial de 5.523.279 euros y un periodo de obras de un año.
Los últimos trabajos han estado destinados a resolver las alegaciones presentadas por los vecinos de la zona, que hacen referencia principalmente a la ubicación y posibles olores y ruidos que puedan generar la nueva EDAR. Así, desde la Junta se trabaja, además de la licitación del proyecto, en los trámites de expropiación que lleva aparejados la instalación.
La infraestructura permitirá volver a contar con un sistema de depuración de aguas en la zona, ya que la anterior depuradora quedó inutilizada en 2012 a causa de unas riadas, lo que ha ocasionado desde entonces el vertido directo de aguas residuales sin depurar a la rambla de Chirivel, produciendo la contaminación en la zona y la alteración de aguas subterráneas.
En este sentido, la nueva EDAR se ha proyectado fuera de la lámina de inundabilidad de la Rambla del Chirivel para 500 años para evitar que la instalación se vea dañada por nuevas inundaciones como ocurrió con la anterior.
El emplazamiento surge del estudio técnico de alternativas realizado y ha sido el indicado por la Confederación Hidrográfica del Segura, que además otorgó la autorización de vertido al dominio público hidráulico en base al proyecto.
La nueva depuradora tendrá una «fácil acceso» desde un vial principal de tráfico, está protegida por el monte donde se encuentra ubicado el cementerio, haciendo de obstáculo natural para el impacto paisajístico del propio núcleo de Vélez-Rubio y se sitúa en las inmediaciones de la rambla para la ubicación del emisario que recoge el efluente tratado.
Contempla un sistema de desodorización que evita la generación de olores, quedando todo el equipamiento dentro de un edificio cerrado, según ha informado la Delegación de la Junta en Almería en una nota. Como segunda medida para reducir olores, se incluye una pantalla vegetal con especies autóctonas en el perímetro de la Estación.
Asimismo, el proyecto incluye un estudio acústico que establece que con las medidas adoptadas –ejecución de pretratamiento en edificio cerrado– se disminuyan los ruidos «al mínimo, no generando perturbaciones a los vecinos». Además, en la valoración del impacto en salud se incorpora un análisis en relación a ruidos y vibraciones, concluyendo que «es viable».
Los vertidos municipales de aguas no tratadas en la rambla dieron lugar a un procedimiento penal contra el alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón, y contra el concejal Juan José Parra García, del cual ambos resultaron absueltos, ante los daños provocados en el ecosistema de la zona. La sentencia, contra la que cabe recurso, libraba de responsabilidad a los mandatarios municipales ante esta circunstancia.
La Guardia Civil atestiguó en el marco de la investigación que los desastres naturales ocurridos en 2012 había provocado la rotura de la EDAR y unos colectores bajo tierra, lo que había dado lugar a que las aguas residuales salieran a la rambla natural sin tratar previamente con el consiguiente daño medioambiental.
En este sentido, desde la Fiscalía se apuntaba que el vertido continuo durante todos estos años ha supuesto la «puesta en peligro» para los ecosistemas acuáticos y terrestres del embalse Puentes, situado a 20 kilómetros de la zona, con un daño al dominio público hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura pendiente de determinar.
Los incesantes vertidos habrían conllevado a un «cambio sustancia de la calidad del agua» de la zona, con filtraciones a dos acuíferos «suponiendo igualmente un riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales» al contribuir a la formación de fenómenos de «eutrofigación», es decir, al un exceso de nutrientes inorgánicos.
La Fiscalía hacía referencia a que estos vertidos habían dado lugar a un «incremento excesivo de las algas y otras plantas acuáticas» que al morir se depositan en el fondo de los ríos, «consumiendo al descomponerse gran parte del oxígeno disuelto y de esta manera pueden afectar a la vida acuática y producir la muerte por asfixia de la fauna y la flora».
Igualmente, con la presencia de las bacterias procedentes de los vertidos, tanto en el punto origen del mismo como más abajo, se habrían limitado los usos del agua «tanto superficial como subterránea, estando tan dañada su calidad que no está indicada para el riego de cultivos ni para el consumo de humanos y animales por el potencial riesgo de intoxicación por ingesta».
