Piden 21 años de cárcel al acusado de conducir una patera y empujar a un militar al agua en Alborán. La Audiencia Provincial de Almería va a celebrar este lunes el juicio contra un hombre acusado de conducir una patera con 22 personas hasta la isla de Alborán donde, tras encallar y bajo el propósito de volver mar adentro, habría empujado al agua a un cabo de la Armada que trató de impedir su huida en la que además habría intentado arrollar a dos soldados quienes, pese a todo, consiguieron subir a bordo y reducirlo antes de que escapara.
La Fiscalía tiene previsto pedir penas que suman 21 años de prisión para el investigado por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de atentado, otros dos leves de lesiones y otro más contra la salud pública, ya que durante el cacheo posterior le intervinieron entre sus ropas distintas cantidades y tipos de estupefacientes.
Piden 21 años de cárcel al acusado de conducir una patera y empujar a un militar al agua en Alborán
El escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, recoge que los hechos tuvieron lugar el 22 de mayo del pasado año cuando el acusado, guiado por la «intención de enriquecerse ilícitamente», se habría puesto de acuerdo con terceras personas para conducir a un grupo de migrantes en patera desde el norte de África hasta territorio europeo.
A pesar de carecer de la pericia, la capacitación técnica y la práctica exigida para navegar en alta mar, según el Ministerio Público, se habría embarcado a los mandos de una nave ayudado por colaboradores no identificados con otras 22 personas de origen marroquí, entre ellas un menor de edad, a los que habrían cobrado «hasta 10.000 euros» por un pasaje.
Según los indicios, el hombre patroneó la embarcación durante todo el viaje, partiendo desde las costas de África en una semirrígida de 13 metros y tres metros de manga, aproximadamente, equipada con cuatro motores fueraborda de 300 caballos cada uno.
Gran parte de la navegación se realizó en horario nocturno, sin iluminación, ni sistemas de orientación ni de navegación, hasta que sobre las 6,15 horas de la madrugada los migrantes arribaron en la zona del muelle de poniente de la costa de la isla de Alborán, donde la patera «encalló».
La embarcación fue interceptada por las Fuerzas Militares del Tercio Sur del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz), que presta servicio en el islote donde hay un destacamento naval, pese al intento de los migrantes para intentar devolver la embarcación al mar mientras que el acusado habría seguido en el puesto de mando.
Fue así cuando un cabo de Ejército «correctamente uniformado e identificado» accedió a la patera para detener al sospechoso mientras que éste «con intención de ofender el principio de autoridad» y de «menoscabar su integridad física», habría hecho «caso omiso» a sus indicaciones.
De este modo, según sostiene la Fiscalía, el acusado habría empujado «fuertemente» al cabo para que cayera al agua, «golpeándose contra la embarcación». Al mismo tiempo, el supuesto patrón de la patera habría comenzado a «dar acelerones a los motores, moviendo la embarcación hacia los lados».
El objetivo de estas maniobras habría sido «arrollar» a otros dos soldados que habían acudido hasta la zona, los cuales tuvieron que «apartarse para evitar ser embestidos» por la patera «disparando con el arma reglamentaria a los motores de la embarcación».
De este modo, ambos soldados consiguieron subir a la embarcación y «tras forcejear con el acusado, que aceleraba la embarcación para intentar desencallar», lograron finalmente reducirlo y detenerlo. Ambos militares sufrieron lesiones leves en brazos y piernas a raíz del episodio.
Al registrar al acusado, los militares le intervinieron entre sus ropas dos placas y tres trozos de resina de cannabis, que arrojaron un peso neto de 189,8 gramos. Dicha sustancia habría alcanzado en el mercado ilícito un valor de 1.277,35 euros en total
También se halló al sospechoso en posesión de dos bolsas con cocaína con un peso total de 22,3 gramos y de distinto nivel de pureza valorada, en su conjunto, en 2.155,14 euros según tasación pericial. Según el fiscal, el acusado tenía intención de distribuir la droga entre terceras personas.
Además de las sustancias referidas, fueron intervenidos y depositados judicialmente tres bolsas con teléfonos móviles, dos cartas de identidad, cuatro GPS, cinco teléfonos satelitales, tres baterías, un filtro de combustible, cinco filtros de aceite, una linterna, una bolsa con pilas, dos tubos metálicos y varios cables, «todos ellos empleados en la comisión de estos hechos».
La Fiscalía mantiene que, con su forma de proceder, el acusado «puso en concreto peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo de la embarcación» al no reunir ésta las condiciones de seguridad «mínimas» para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar .
En base a sus características técnicas, la embarcación no estaba capacitada para realizar trayectos de más de 12 millas náuticas en paralelo a la costa, ni para soportar las condiciones viento que se dieron el día de los hechos «y menos aún con el exceso de carga» que soportaba.
La patera no sólo lleva a 22 personas a bordo sino que también iba cargada con 20 garrafas de combustible y tres de aceite motor, lo que a la postre supone un riesgo añadido ante la posibilidad de deflagración.
A estas condiciones se unieron la «alta densidad del tráfico marítimo existente en la zona», que atravesaron durante el viaje o cerca de las misma. Tampoco había en la patera equipos de navegación salvo un compás magnético, achique eléctrico, y un plotter GPS con antena cuyo funcionamiento se desconoce.
La embarcación carecía de equipos de salvamento, contra incendios, chalecos salvavidas, cohetes, bengalas, señales fumíferas, medios de achique, radiobalizas, equipo de radiocomunicaciones ni de seguridad en la navegación como SIA, cartas náuticas ni luces de navegación algunas.
Junto con las penas privativas de libertad, la Fiscalía también interesa por las lesiones leves dos multas de tres meses a razón de 12 euros al día, así como el pago de 24.020 euros en sanciones por las drogas y el pago de indemnizaciones a los militares que resultaron heridos por un montante total de 650 euros en total. El juicio está previsto a partir de las 10,00 horas en la Sección Tercera de Almería.
