El 35,5% de los andaluces conoce el caso de alguna vivienda que está ocupada, el 43,3% considera que a los ocupas les protege la ley, y un 29,7% estima que el derecho a la propiedad privada no está nada protegido, dato al que se suma que un 45,7% cree que no está suficientemente protegido.
Es la imagen que proyecta el bloque temático ‘Vivienda, ocupación y derecho a la propiedad, integrado por nueve preguntas, dentro del Barómetro Andaluz que elabora la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) de carácter trimestral y cuyo trabajo de campo se hizo en la segunda quincena del mes de septiembre con 3.600 entrevistas.
El acceso y el precio de la vivienda figura como el tercer problema que más preocupa a los andaluces, que se sitúa en ese lugar para un 8,7% de los encuestados.
Esa relevancia decae cuando en el sondeo se pregunta a los encuestados por problemas de seguridad ciudadana y de la propiedad privada. Así, el 0,2% de los encuestados identifica la seguridad ciudadana como una inquietud; un 0,1% expresa temor por el movimiento ocupa; y nadie aprecia problemas para los inquilinos (0,0%). Un 64,2% dice no conocer ningún caso de ocupación de inmuebles.
Dentro de ese bloque titulado ‘Vivienda, ocupación y derecho a la propiedad’, el trabajo trimestral del Centra difundido este lunes señala también que un 39,2% de los encuestados muestran mucha preocupación ante la posibilidad de que su vivienda pueda ser ocupada ilegalmente, porcentaje que se corresponde en la franja de encuestados que se mueve en el último tercio de la escala, entre el 8 y el 10.
El 43,3% de los andaluces estima que a los ocupas los protege la ley, que se sitúa como el primer motivo que explicaría la posesión ilegal de un inmueble, argumento al que sigue la falta de viviendas sociales para la población, según el 22,6% de los participantes en el sondeo.
El 45,1% de los encuestados apuesta por la expulsión inmediata de los ocupas como la primera respuesta que debería dar el Estado ante este problema, mientras que un 28,1% opta por ofrecerles soluciones habitacionales alternativas y otro 21,7% cree que habría que dialogar con los ocupantes ilegales para encontrar soluciones.
El 78,7% de los andaluces identifica a los precios como el primer motivo que dificulta poder encontrar una vivienda. Los apartamentos turísticos (28,1%) y el hecho de que la gente compre o alquile a precios muy altos (25%) serían las principales razones que estarían influyendo en la subida del precio de la vivienda.
También afectaría, aunque en menor medida, la escasa oferta (17,1%), la falta de protección de los derechos del propietario (13,1%) y la excesiva protección del inquilino (10,8%).
UN 47,9% CREE POSITIVA LA MIGRACIÓN
Cuestionado los sondeados por la migración, un bloque conformado por tres preguntas, un 47,9% la identifica como positiva, porcentaje al que se suma otro 7,4% que la califica de muy positiva.
Ante la pregunta de la acogida por la Junta de Andalucía de menores migrantes, a un 41,4% le parece bien y a un 24,6%, muy bien. A un 6,9% le parece muy mal y a un 11,3%, mal.
Migración, vivienda, ocupación, derecho a la propiedad y condiciones laborales son los bloques de este sondeo más allá de las preguntas del bloque político.
En el apartado de las condiciones laborales, más de la mitad de los andaluces se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su trabajo (51,8%). Un 32,3% estaría dispuesto a cambiar su ocupación actual para ganar más, para poder conciliar (13,4%) o para trabajar menos horas (13,2%).
Entre las medidas para mejorar la calidad de vida laboral se citan la reducción de la jornada laboral a cuatro días a la semana (31,7%); la flexibilidad horaria para favorecer la conciliación (24,7%) y la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (13,5%). Tener más tiempo libre (27,1%) y la posibilidad de conciliar (25,5%) serían los principales beneficios de la reducción del horario laboral.
