Este miércoles 23 de octubre, la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid que lleva el caso de la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha decidido abrir una nueva línea de investigación que se suma a los posibles delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
La decisión se produce a raíz del recurso presentado por el PSOE y Más Madrid. Ambas formaciones han pedido que se aclare si Alberto González cometió los delitos de administración desleal y corrupción al emplear una empresa pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón.
Declaraciones de Ayuso
Tras la decisión de la jueza, la presidenta Ayuso ha hecho referencia en público al caso de su pareja, al que ha definido como «un ciudadano particular» que ha visto «troceada y convenientemente publicada su declaración con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Esto es un Estado policial», ha recalcado.
«Las características comunes de un Estado policial incluyen vigilancia extrema, usar tecnologías para vigilar y monitorear las actividades de los ciudadanos, represión política, persecución y castigo de disidentes y críticos con el Gobierno», ha defendido Ayuso, afirmando que todos estos supuestos se están dando en España.
Además, Díaz Ayuso ha asegurado que estas prácticas «han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos» y ha augurado que el Ministerio del Interior «elegirá dedo a los policías que investiguen casos judicializados».
