Nuevo varapalo para la Universidad de Málaga. Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a la institución superior de educación a devolver a unos 55 investigadores postdoctorales del programa de ayudas para la atracción de talento internacional María Zambrano y Margarita Salas, la cuantía económica descontada de sus nóminas durante dos o tres años, a razón de las cuotas patronales correspondientes a la Seguridad Social. En total, más de un millón de euros, según datos indicados por el vicerrector de Investigación de la UMA, Antonio Morales.
En base a las fuentes consultadas, todo este galimatías se debería a una disparidad de criterios. En su momento la universidad consultó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre el abono de las cotizaciones de los investigadores que se acogieron a los programas Margarita Salas y María Zambrano para volver a España y continuar aquí su carrera investigadora, y se consideró que dichas cuantías se sufragarían con los fondos de la convocatoria que, en teoría, debían ir destinados a pagar los sueldos. También, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) hizo una consulta escrita al respecto, expresando sus dudas, y obteniendo por parte del ministerio que ésa era la manera correcta de proceder y que todo estaba bien planteado.
Tiempo después, tras una denuncia de unos investigadores de Valladolid en la misma situación que los científicos de la UMA -al igual que otros 700 repartidos por toda España- el Alto Tribunal ha dado la razón a todos estos científicos y especifica, según la sentencia que, bajo ningún concepto, “el trabajador no puede asumir a su cargo la cuota patronal de la Seguridad Social”. Así mismo, según prosigue el escrito “no procede que el empresario impute a la retribución de los científicos la aportación propia que debe realizar a la Seguridad Social”. Por tanto, ahí está el kit de la cuestión, los trabajadores están exentos de asumir sus propias cotizaciones.
La UMA en crisis
En este contexto en el que además es preciso recordar que la Universidad de Málaga sufre una situación económica muy delicada, tras perder 15 millones de euros de su presupuesto, esta sentencia firme del Supremo, obliga a la UMA a desembolsar más de un millón de euros por descontar de las nóminas de los científicos, las cuotas patronales. Desde la universidad se afirma que el pago lo van a realizar por imposición judicial pero que desde la universidad donde esta noticia ha sentado “como un jarro de agua fría” reconocen que no saben cómo lo van a hacer. No obstante, esperan noticias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ya que, según la UMA, han actuado como se les indicó y es una problemática que no han generado por parte de la institución malacitana.
