No falla la ecuación. Tras una manifestación multitudinaria comienza el baile de cifras: 30.000 personas clamaron este sábado por la vivienda, según la plataforma Málaga para Vivir (MPV); y la Subdelegación del Gobierno rebajó los datos a 10.000 asistentes. Así que tirando de de matemáticas básicas para interpretar las dos evaluaciones, la media indicaría que el número de malagueños que salieron a la calle el 9N superó los 15.000 y pudo rondar los 20.000 perfectamente.
Tampoco se han hecho esperar las reacciones. Mientras el PSOE y los partidos de izquierda capitalizan esta ola de indignación, desde el PP se pone el foco en el Gobierno central y su política al respecto. 20.000 personas son muchas y, además, es la segunda manifestación de este tipo que se produce en apenas unos meses. El pasado 29 de junio se empezó a exponer en la calle un fenómeno que centra el debate político en la capital y en otros muchos municipios grandes de la Costa del Sol.
Pero, más allá de esta situación que afecta a Málaga y a las principales ciudades españolas, especialmente las turísticas y condicionadas por su litoral, hay que tener en cuenta lo embarullado de las políticas de vivienda. La competencia directa es autonómica pero de manera indirecta tanto el Estado como las entidades locales tienen bastante que decir -y callar- al respecto sobre la gestión de esta materia. Tanto monta, monta tanto.
El PSOE capitaliza la protesta; el PP pone el foco en el Gobierno central
Desde el PSOE malagueño se ha encontrado una falla en el rodillo electoral del PP provincial y, en particular, de la indiscutida hegemonía de Francisco de la Torre en la Casona del Parque. En el socialismo malagueño, tras décadas a la sombra y desnortado, se busca ahora crear un clima de descontento en una ciudad en la que lo tienen muy difícil. Eso sí, omiten en sus críticas la responsabilidad que pueda tener el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya que desde La Moncloa se ha dicho en más de una ocasión que este asunto es una prioridad de este mandato. También pasó durante décadas el PSOE por la Junta de Andalucía sin que se vean las mimbres.
En este sentido, el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, que participó activamente en el 9N, centró su discurso en el ente autonómico. Exigió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «dé la cara y deje de esconderse ante el grave problema de la vivienda existente en Andalucía, un problema ante el que el gobierno del PP no ha desarrollado ni una sola medida para solventarlo». Igualmente, desde el PSOE-A también se hicieron eco de la protesta de Málaga y de las que ayer recorrieron las calles de Sevilla y Cádiz.
Más a la izquierda, los representantes de IU y los de Con Málaga también tomaron las calles del Centro este sábado. Desde IU pidieron que «se intervenga el mercado de la vivienda para proteger los derechos de la mayoría frente a especuladores». El coordinador general de IU en Andalucía y diputado de Sumar, el malagueño Toni Valero, apuntó el hartazgo de la sociedad, empezando por los jóvenes, y la asfixia que tienen las familias para tener un techo en el que dormir ya sea alquilado o en propiedad.
En general, la jornada del sábado fue de activismo político en redes y de proclamas sobre la manifestación del 9N con el evidente apagón informativo desde el gobierno municipal que dirige Francisco de la Torre. No obstante, a nivel provincial el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, demandó al Gobierno de España que implemente de una vez medidas reales y urgentes para mejorar el acceso a la vivienda en nuestro país, preguntando al Ejecutivo «a qué está esperando», marco en el que ha afirmado que «PSOE y Podemos se manifestaron este sábado contra sí mismos». El dirigente popular indicó que existe un problema real que requiere de la respuesta de todas las administraciones, si bien lamentó que la respuesta del Gobierno «es claramente suficiente».
La vivienda seguirá dando mucho que hablar como otro foco de conflicto y de enfrentamiento entre los partidos. Todo en un contexto grave para el país con la crisis de la DANA agudizando la polarización existente no sólo en los atriles sino entre la propia ciudadanía. En cualquier caso, el mensaje es claro y una amplia mayoría social está pidiendo a los políticos que hagan frente a esta ola social de indignación creciente. Y, sobre todo, que poder vivir en una casa con relativa dignidad sea algo al alcance de mucha más gente.
