La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar este lunes 11 de noviembre a la exalcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, por la supuesta falsificación de unos documentos relativos a la boda de un exconcejal. El martes, se celebrará el juicio del exedil, José María Jiménez, y su hija.
Los hechos tuvieron lugar el 17 de junio de 2017. El escrito de la acusación pública, apunta que los acusados, «de común acuerdo», elaboraron tres documentos «mendaces» incluidos en el expediente matrimonial de la hija. El objetivo era «obtener un beneficio patrimonial lícito».
Estos tres documentos consistían en la solicitud de matrimonio civil, carta de pago de tasas de matrimonio y acta de celebración de matrimonio. En los dos primeros, según el fiscal, «alteraron, por sí mismos o valiéndose de otra persona que no ha podido ser identificada, una de las firmas, que se debía corresponder con la de la alcaldesa».
En los tres documentos, presuntamente, cambiaron la fecha de la boda. «Manipularon la fecha de celebración de la boda, haciendo constar que esta tuvo lugar el miércoles día 21 de junio de 2017, cuando en realidad se celebró el 17», señalan las conclusiones iniciales del ministerio público.
La finalidad de esta manipulación, según los escritos provisionales de la acusación pública, era que «la acusada pudiera disfrutar de un permiso retribuido por matrimonio, ya que debía incorporarse a desarrollar funciones de enfermera en el hospital de Ronda el día 21 de junio de 2017».
El fiscal acusa a los tres acusados de un delito continuado de falsificación de documento público, en concurso medial con un delito de estafa. Y solicita una pena de seis años de prisión para cada uno de los procesados.
Hay, además, otra acusación. En este caso, representa al PP, que acusa a la exregidora y al exedil por un delito de falsedad en documento público. En el caso de la exalcaldesa, como alternativa, plantea un delito de falsedad en documento público por imprudencia grave.
Para Valdenebros solicita tres años de prisión y multa. En la alternativa pide una pena de multa de seis meses, a razón de diez euros diarios, y suspensión de cargo público por de nueves meses. Para el exconcejal, solicita una pena de seis meses de cárcel y multa.
