El Gobierno volverá a intentar cerrar un acuerdo con los aseguradoras para Muface después de que quedara desierta la licitación para 2025 y 2026. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se encarga de ofrecer un servicio de sanidad privada financiado por el Estado a funcionarios públicos, pero ninguna de las empresas que desempeñaba esta labor (Asisa, Adeslas y DKV) ha mostrado su voluntad por renovar el contrato considerando que no se retribuye adecuadamente.
Ante este escenario, un millón y medio de personas atendidas por estos servicios en España siguen en vilo. En Andalucía son unas 400.000 personas y en Málaga son 59.000 los funcionaros que se han quedado sin cobertura sanitaria por el momento.
De no encontrarse una solución, ese millón de funcionarios tendrían que pasar a la Seguridad Social. La pregunta está en si el sistema público podría o no asumir está cifra de contribuyentes. De cualquier forma, la situación ha encendido las alarmas de los principales sindicatos del país como CCOO, UGT y CSIF, que preparan una posible huelga si no da una solución inmediata.
La posición del Gobierno
Tras quedar vacía la licitación para 2025 y 2026, el Gobierno se dispone a pedir una justificación a las aseguradoras para considerar que los presupuestos son insuficientes a pesar de haber incrementado la partida. El objetivo es que, ante la negativa, sean las propias compañías de servicios quienes tasen los costes, y no así el Gobierno, que es quien lo ha venido haciendo hasta la fecha.
Por otro lado, el Ministerio de Sanidad de Mónica García emitió un informe donde se asegura que el trasvase de estos mutualistas a la asistencia sanitaria pública no solo es una opción razonable, sino que además sería totalmente viable.
En las últimas horas, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha mostrado su apoyo al informe del Ministerio y ha instado a las organizaciones sociales, sindicales y partidos progresistas a apoyar el fin de Muface, que consideran un sistema «obsoleto» que debería haberse extinguido hace 40 años según la Ley General de Sanidad.
Según FADSP, las aseguradoras están exigiendo un alza alegando riesgo de quiebra, algo que es más que cuestionable, ya que «practican la selección de riesgos» y están incrementado «exponencialmente» sus recursos gracias a los seguros complementarios, que «son consecuencia de los recortes en la Sanidad Pública de los últimos años».
Críticas desde la Junta
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, José Antonio Nieto, ha criticado este jueves en una entrevistaC la «frivolidad» del Gobierno al abordar el futuro de Muface tras quedar desierta su primera convocatoria de renovación del servicio.
«Las 400.000 personas afectadas en Andalucía son mucho más que un número. Estamos hablando de historias clínicas de muchos años que tienen un responsable médico, que habría que pasar a un nuevo sistema» y todo ello supondría un «impacto enorme» para la sanidad pública andaluza si «se incorporaran de golpe a nuestro sistema».
Por su parte, la consejera de Hacienda Carolina España ha afirmado que el SAS está «al límite» y que la absorción de 400.000 usuarios andaluces generaría problemas en el sistema, por lo que ha instado al Gobierno central ha buscar una solución cuanto antes con esta mutua.
