El empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la ‘trama Koldo’, incluye entre sus aportaciones documentales al Tribunal Supremo un contrato de arrendamiento con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, un listado de presuntos contratos preadjudicados a constructoras y una carta en la que se le sitúa como enlace con Juan Guaidó en el tiempo que este se proclamó como presidente encargado de Venezuela.
Todo ello se recoge en los anexos incluidos en el escrito, recogido por Europa Press, que su defensa remitió este miércoles al Tribunal Supremo, y que vendrían a corroborar sus afirmaciones y a demostrar que está dispuesto a colaborar con la Justicia, como así defendió tras su salida de la cárcel y en su declaración ante el juez del ‘caso Koldo’.
En el citado escrito, De Aldama asegura que pactó con Ábalos darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid –valorado en 1,9 millones de euros– como «garantía» de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos «preadjudicados» de obra pública.
El propio contrato, fechado el 24 de abril de 2019 y que aparece firmado presumiblemente tanto por el exministro como por él mismo, recoge que la sociedad Batarse y Asociados es la dueña del piso situado en el Edificio Feygon II, en el número 164 del Paseo de la Castellana. Se trata, en concreto, de un inmueble de 252 metros cuadrados.
Este mismo jueves, en una entrevista concedida a ‘La W Radio Colombia’, el propio De Aldama ha asegurado que recibió contratos públicos tras este arrendamiento, pero se ha negado a concretar cuáles. «Es que estoy cansado de que se diga que dónde está la prueba», se ha defendido.
Con todo, ha sostenido que «nadie firma un contrato de alquiler con opción a compra (…) de un inmueble que vale dos millones de euros correspondiente a un alquiler en el que no está, en el que no lo paga y en el que no habita». «Porque en ese piso se estaba procediendo a un desahucio de los inquilinos que había. Quiero decir, y está más que aprobado (…) que eso servía como garantía para pagar lo que se iba a entregar», ha incidido.
2.500 euros de alquiler
Uno de los puntos recoge que la renta del arrendamiento se fijó en 30.000 euros anuales, equivalentes a 2.500 euros mensuales. El documento señala que Ábalos podía ejercitar la opción de compra durante un plazo de 5 años y pagando «al menos el 15% del valor de la compra», pagándose el resto hasta el total precio en el plazo de vigencia inicial del contrato de arrendamiento.
«Ábalos no tenía capacidad financiera para afrontar la compra del inmueble sito en Paseo de Castellana número 164, valorado entonces en aproximadamente 1,9 millones de euros antes de su reforma», por lo que este contrato le permitía «asegurarse el cobro de las comisiones futuras» y, «una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo», expone De Aldama en el escrito remitido al Supremo.
Obras en carreteras
Entre las aportaciones efectuadas por el propio De Aldama también se encuentran anexos de inversiones del Ministerio de Transportes, en concreto de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021, y centrados principalmente en la Dirección General de Carreteras.
En total, el empresario ha aportado hasta 75 páginas en las que aparecen subrayados proyectos menores, como la construcción de variantes en carreteras nacionales, la construcción de nuevos tramos o la remodelación y acondicionamiento de algunos de ellos. En algunas de esas páginas aparecen anotaciones manuscritas y que según De Aldama «pueden corresponder con la letra de Ábalos, quizás de (su exasesor) Koldo García, sin poderlo afirmar con seguridad».
El presunto conseguidor de la trama asegura que en color rosa aparecen los contratos públicos ya preadjudicados a empresas previamente seleccionadas, a quienes debían ser adjudicados. Entre los mismos, se contemplan actuaciones en medio urbano y accesos a puertos y aeropuertos o distintas obras en, por ejemplo, la A-23, la A-66 o la A-7.
De Aldama, enlace con Guaidó
Esta primera entrega de supuestas pruebas al Supremo también contempla una carta con el membrete del Ministerio de Fomento -posteriormente de Transportes- y con el nombre de Ábalos dirigida a Juan Guaidó en concepto de «presidente de la República Bolivoriana de Venezuela» y fechada el 26 de julio de 2019.
En la misma, Ábalos se dirige al mandatario venezolano para manifestarle «el reconocimiento por parte» del Gobierno y su «mayor interés en que se solucione la crisis institucional social y económica que sufre Venezuela». Además, expresa el deseo del Ejecutivo en «afianzar lazos políticos, culturales y económicos con miras a estrechar relaciones».
«Por tal motivo hemos enviado a Víctor de Aldama con la misión, no sólo de hacerle llegar esta misiva, sino también para que sirva de enlace en nuestras relaciones», recoge esa carta, que habría enviado Ábalos.
Entre la documentación aportada, De Aldama incluye además un dossier de la visita que realizó Ábalos los días 10 y 11 de diciembre de 2018 a México siendo ministro de Fomento. Cabe recordar que, según De Aldama, por ese viaje y por sus gestiones realizadas en ese marco, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le habría dado las gracias en un acto que tuvo lugar ya en 2019 en el Teatro de La Latina, cuando se fotografiaron.
Ese dossier, que parece elaborado para el Gobierno del Estado de Oaxaca (México) recoge, además de un programa de la visita, fichas informativas y perfiles de las personalidades españolas que viajaban y, entre ellos, recoge el currículum de Ábalos; de la entonces presidenta de Puertos del Estado Ornella Chacón; de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; del presidente de Renfe Operadora, Isaias Táboas; del presidente de INECO Isaac Martín; y de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto.
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