La Universidad de Málaga ha contado hoy con un invitado de excepción. Se trata del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, que ha ofrecido este martes una conferencia en la Facultad de Derecho sobre ‘El papel transformador de la Universidad en la nueva Administración Pública’.
Esta visita se produce tras la invitación al consejero por parte del decano de Derecho, Juan José Hinojosa, quién será sucedido en el cargo el próximo mes de enero. El consejero ha lamentado que, pese a la “carencia importantísima de órganos judiciales en la provincia de Málaga por su gran actividad”, el Ministerio de Justicia no prevé crear ningún juzgado nuevo mientras ha anunciado ya cinco para Barcelona.
pese a la “carencia importantísima de órganos judiciales en la provincia de Málaga por su gran actividad”, el Ministerio de Justicia no prevé crear ningún juzgado nuevo
Nieto ha recordado que la Junta, tras analizar la carga de los órganos andaluces con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solicitó la creación de 56 nuevos juzgados, y 15 plazas de magistrados, de los que nueve y tres, respectivamente, eran para la provincia de Málaga. Sin embargo, “la respuesta ha sido que no se va a crear ninguno”.
Así, varias decenas de alumnos de las distintas ramas del Derecho han podido escuchar las valoraciones del consejero sobre los avances en justicia, en el ámbito de la digitalización, un proceso que se ha desarrollado “no sin pocos problemas” y con un nuevo sistema de gestión procesal “con el objetivo de lograr pasar de la Justicia del papel a la Justicia del dato y avanzar en la interoperatividad entre los distintos operadores jurídicos y territorios”.
Transformación digital en 2025
Según ha recordado el consejero, los alumnos saldrán al mercado laboral “en un momento de transformación del sistema de Justicia” ya que el Gobierno central está tramitando la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia que cambiará los juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados, y reordenará los recursos materiales y humanos del sistema. Una transformación que “va a exigir un esfuerzo muy importante a las comunidades autónomas”, ya que el calendario de implantación exige completarla en “apenas un año”.
Ante estos importantes cambios, Nieto ha instado a los jóvenes universitarios a prepararse, ya que son quienes “en la práctica van a llevar a cabo esa transformación” no solo del servicio de Justicia sino de la Administración Pública en general. Esta también está en pleno proceso de innovación para dar el salto al siglo XXI y pasar “de la Administración del papel al dato” a través de la digitalización.
Nieto ha recordado que en la Junta de Andalucía en la próxima década se jubilarán el 50% de la plantilla y “eso va a requerir un esfuerzo de reciclaje” para el que la nueva Ley de Función Pública, aprobada el año pasado, apuesta por modificar los procesos de selección, la formación continua y la cultura de la evaluación para captar talento. El consejero ha destacado la importante aportación que pueden hacer los graduados en Derecho, ya que “las bases jurídicas sobre las que apoyamos los cambios son fundamentales”.
Valoración del consejero sobre el préstamo a la UMA
Adicionalmente, el consejero José Antonio Nieto, ha querido hacer referencia a la firma de ayer del convenio entre la Junta y la UMA a través del cual se dotará a la institución de enseñanza superior de un préstamo de 48,5 millones que se desembolsará en tres disposiciones durante 2024 y 2025, con un plazo total de amortización de 21 años, un periodo de carencia de intereses y amortización de tres años y un tipo de interés del 1 %.
El préstamo se enmarca en la Ley Andaluza de Universidades, que establece la posibilidad, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, de conceder a estas instituciones préstamos reintegrables con destino a atender exclusivamente gastos de inversión en infraestructuras, cuando su situación económico-financiera les impida cumplir con sus obligaciones de pago exigibles sin afectar a la prestación de los servicios públicos que tienen encomendados.
Es una cuantía con carácter finalista que dará cobertura a las deudas que se hubiesen generado hasta el momento de la concesión, incluidos intereses de demora, y a los gastos necesarios para la culminación de las obras que, en su caso, se encuentren en desarrollo.
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