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Pisos turísticos en Málaga: Consumo abre expediente sancionador a una gestora con «miles» de anuncios ilícitos

En Málaga, la vivienda es una de las preocupaciones del momento. A la escasa oferta de vivienda pública y residencial se le suma el incremento masivo de pisos turísticos, que han vaciado barriadas enteras en la capital, como la Merced o la Malagueta. Todo ello llevó al Ministerio de Consumo ha poner el foco sobre las grandes gestoras de estas por posibles «prácticas engañosas», y este miércoles ha trascendido la apertura de un expediente sancionador a una de ellas por ofrecer miles de pisos turísticos irregulares.

Aunque el Gobierno no lo ha confirmado, medios nacionales apuntan que la plataforma implicada en esta presunta práctica ilegal sería Airbnb. Este portal cuenta con más de 1.000 alojamientos en Málaga, repartidos por el Centro, por barrios como la Malagueta, zonas del extrarradio de la capital, así como por toda la provincia.

Según se señala, desde junio Consumo ha venido exigiendo información a este y otros portales, a la vez que se ha instado a retirar aquellos anuncios irregulares con la mayor celeridad. No obstante, la inacción de la plataforma, que continúa sin apartarlos y que no cumplen con la normativa al no tener licencia o contener publicidad ilícita, ha conducido a la apertura de este expediente.

Investigan a las gestoras de pisos turísticos en Málaga por «prácticas engañosas»

Desde el Ministerio se destaca que al operar bajo estas malas prácticas, estas gestoras presentes en gran parte de las comunidades autónomas “podrían estar incurriendo en lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Desde la Dirección General de Consumo recuerdan que todas estas iniciativas se enmarcan en el objetivo de contribuir a atajar la crisis de la vivienda en España, que consideran uno de los principales problemas del país: “Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares. Ninguna empresa en España puede estar por encima de la ley”, señaló recientemente Pablo Bustinduy, responsable del Ministerio.

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