El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido en rueda de prensa este jueves tras denunciar a la Guardia Civil ante la Fiscalía por «interceptar su correspondencia privada» bajo la protección que le brinda su cargo de diputado y en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’.
En su rueda de prensa, Ábalos ha catalogado los hechos de «muy graves», ya que supone una vulneración de un derecho fundamental como el secreto de las comunicaciones.
La denuncia
La denuncia de Ábalos se ciñe a la intervención de su teléfono y la intercepción de un sobre. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre de 2023, cuando el hermano de Koldo García, Joseba García, viajaba en furgoneta hasta a Valencia para entregar documentación enviada por el asesor al que fuera ministro de Transportes.
En un tramo entre Alicante y Valencia, la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil. En el registro, según detalla Ábalos, se localizó un sobre que llevaba la documentación, el cual detallaba su nombre: «En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA», explica en la denuncia.
Según destaca el exministro, los agentes no tuvieron en cuenta su protección oficial y abrieron el sobre, y no solo eso, sino que procedieron a sacar fotografías de dicha documentación. Entre ella se hallaba una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las ofertas de mascarillas para el Covid-19 con informes técnicos y responsables de las compras a la empresa de Soluciones de Gestión.
Las faltas, según la declaración de Ábalos, no concluyen ahí, sino que la UCO siguió a Joseba hasta su domicilio, observando como acudía al edificio para entregarlo, tomando de fotografías de esta escena y del vehículo: «Se vulnera mi derecho fundamental a el secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación, y nunca consentí que se abriese», ha afirmado, recordando su protección brindada por la Constitución y la Ley procesal.
«Un hecho muy grave para la democracia»
En palabras del exministro, «es un hecho muy grave para la democracia y para el Estado de Derecho porque es una investigación al margen de una autorización judicial», ha argumentado, insistiendo en que podría haberse llevado a cabo legalmente si se hubiese pedido su consentimiento o lo hubiese dictado un juez.
Durante la comparecencia también ha sido preguntado por la posible implicación de Grande Marlaska en dicha investigación, lo que descarta: «No es de esa sensibilidad. Además de ministro es juez y sabe lo que es la defensa de la justicia y las libertades».
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