La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha adjudicado a la empresa ACSA las obras para adecuar el edificio B del complejo de Palmas Altas a su nuevo uso judicial. En concreto, el inmueble albergará los juzgados de Primera Instancia de Sevilla, cuya mudanza está prevista para verano, por lo que el plazo de ejecución de las obras es de cinco meses y la inversión supera los 1,7 millones de euros.
La licitación de estos trabajos se publicó el pasado diciembre y el plazo de presentación se cerró el 10 de enero. Siete empresas han presentado ofertas siendo la adjudicataria ACSA Obras e Infraestructuras SAU por un importe de 1.702.253,59 euros (IVA incluido). Paralelamente también se ha sacado a licitación el contrato de servicio para la mudanza de los órganos judiciales al edificio una vez terminada la obra (134.146,26 euros IVA incluido), actualmente en proceso de evaluación de las ofertas presentadas tras cerrarse el plazo el 6 de febrero.
El plazo de ejecución de las obras es de cinco meses y la inversión supera los 1,7 millones de euros
Asimismo, el pasado diciembre fue adjudicada por 1.405.899 euros (IVA incluido) la redacción del Proyecto Básico y de Ejecución para adecuar el resto de bloques construidos del Complejo de Palmas Altas a la UTE formada por Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura SLP y Argenia Ingeniería y Arquitectura SL. Este contrato, que incluye también el Estudio de Seguridad y Salud y Dirección facultativa de las obras, tiene un plazo de ejecución de 40 meses.
El edificio B será el segundo que entre en funcionamiento de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, donde desde finales de 2023 se encuentra toda la Jurisdicción Mercantil y Contencioso-Administrativa. En la licitación de las obras de este segundo inmueble se han tenido en cuenta la experiencia del edificio A y se han incluido las mejoras propuestas por los operadores jurídicos, como la ampliación del tamaño de los despachos.
Al igual que el edificio A, la ordenación de los espacios prevista «será ya acorde a la estructura del nuevo modelo de Justicia que contempla la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia aprobada en enero y que sustituirá progresivamente los actuales juzgados unipersonales por tribunales de instancia, órganos colegiados, y las plantillas estanco de funcionarios adscritos a un juzgado por estructuras flexibles y servicios comunes», según han detallado desde la Junta.
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