La Junta de Andalucía ha enviado sus peticiones a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica para exigir que «cumplan con su responsabilidad y ofrezcan una solución jurídica definitiva» a los propietarios de las viviendas en Pedregalejo y El Palo, en Málaga. Así lo ha señalado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del gobierno andaluz, Carolina España, quien ha enfatizado que, con esta acción, el Ejecutivo andaluz insta al Gobierno central a «tomar las riendas de la situación y poner fin a la incertidumbre que los vecinos de estas zonas de Málaga llevan años soportando». En sus palabras, «lamentablemente, el Gobierno ni está, ni se le espera».
España se reunió este sábado con los miembros de la Asociación de Vecinos Rebalaje, presidida por Manuel Benavides, para explicarles el contenido de las cartas enviadas por la Junta de Andalucía a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagensen. En estos escritos, se les insta a tomar «acciones concretas y definitivas para aprobar la orden ministerial conjunta» que permita identificar a los afectados y avanzar en la transmisión de las propiedades.
La consejera ha insistido en que «existe un marco legal que respalda la resolución de esta situación y que permite a los propietarios formalizar la escritura de sus viviendas, pero hace falta voluntad y dejar de mirar hacia otro lado». En este sentido, ha subrayado que «desde la Junta de Andalucía, no vamos a cesar hasta que el último vecino logre descansar con su casa escriturada».
Asunto histórico
La consejera también ha destacado que espera que «el Gobierno trate a estos vecinos de Málaga como a sus socios nacionalistas, porque no son menos que nadie». A su juicio, la regularización de la propiedad de las viviendas en El Palo «es un asunto de gran importancia histórica y social para la ciudad de Málaga», que sigue afectando a los residentes de estas áreas a pesar de los pronunciamientos legales y las medidas previas que ya establecieron el marco jurídico necesario para resolver la situación.
En este contexto, España recordó que tanto la Ley 2/2013, de uso sostenible del litoral, como dos sentencias del Tribunal Constitucional «reconocen la necesidad de proceder a la desafectación de estos terrenos del dominio público marítimo-terrestre y su posterior transmisión a los ocupantes, conforme a la legislación vigente». Sin embargo, lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido, el problema persiste, manteniendo la incertidumbre administrativa que afecta a los vecinos de estas barriadas.
En este sentido, el Gobierno andaluz ha vuelto a exigir al Ejecutivo central que «resuelva la situación de una vez por todas y apruebe la orden ministerial que ponga fin a esta incertidumbre e inseguridad jurídica». España remarcó que «cada día que pasa sin que se resuelva este problema es un agravio para los vecinos afectados, que ven sus derechos comprometidos y sus expectativas frustradas, a pesar de los compromisos legales y las sentencias que avalan la posibilidad de resolver esta problemática». Para ella, «solo se necesita voluntad y que el Gobierno central cumpla con su obligación».
Finalmente, la consejera de Economía destacó que en las cartas enviadas, el Gobierno andaluz manifiesta su «total disposición» para colaborar en todo lo necesario «para asegurar que este asunto reciba la atención que merece y que la pesadilla de estos vecinos termine de una vez por todas».
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