La Policía Nacional ha liberado a once mujeres víctimas de explotación sexual quienes al parecer eran obligadas a prostituirse en dos pisos ubicados en dos pueblos de las provincias de Granada y Almería en los que, además, se ofrecerían sustancias estupefacientes a sus clientes. Durante la investigación han resultado detenidos dos varones de 29 y 43 años y nacionalidad española junto con tres mujeres ecuatorianas de entre 20 y 35 años.
Todos los detenidos, el mayor con antecedentes policiales, ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, habiendo quedado en libertad dos de las mujeres tras prestar declaración en dependencias policiales, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.
Los delitos por los que se les investiga son los de pertenencia a organización criminal, prostitución coactiva, contra la salud pública, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y tenencia ilícita de armas.
Cae un clan que almacenaba marihuana en Alhendín y Huétor Vega para distribuirla por Europa
En los seis registros llevados a cabo se han intervenido más de 75.000 euros, cocaína, hachís, marihuana, dos armas de fuego cortas y una de aire comprimido junto con munición de diverso calibre.
La denominada operación Goya ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada contando con la colaboración de la de Almería y la local de El Ejido. Las liberadas son de nacionalidad colombiana y venezolana.
Habrían estado siendo obligadas a «ejercer la prostitución y a ofrecer sustancias estupefacientes a sus clientes, sometidas las 24 horas a un férreo control y viviendo en condiciones de hacinamiento».
La investigación comenzó tras recibir cierta información sobre la existencia de una vivienda unifamiliar ubicada en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada en el que varias mujeres extranjeras en situación irregular «estarían siendo prostituidas» con venta de «distintas drogas a los clientes».
El siguiente paso fue identificar al presunto proveedor de dichas sustancias, que resultó ser el español de 43 años, y a los responsables de la explotación de dichas mujeres.
Los responsables de la explotación de las mujeres vulnerables resultaron ser una pareja, un varón español y una mujer ecuatoriana, de 29 y 34 años, ambos sin antecedentes policiales previos. Esta pareja, según se pudo averiguar, sería también propietaria de otras dos viviendas en un pueblo de Almería.
La operación Goya continuó con la ejecución de cuatro registros. Vinculados al presunto proveedor de sustancias estupefacientes se registraron un piso y dos cocheras en un pueblo del cinturón metropolitano de Granada.
Allí los agentes se incautaron de cerca de once kilos de marihuana, casi un kilo de hachís, varias dosis de cocaína rosa, cerca de 200 plantas de marihuana, cerca de 5.000 euros en metálico, dos revólveres, una pistola de aire comprimido y munición de diverso calibre.
Durante el registro de la primera vivienda investigada, ubicada en un pueblo cercano a la capital granadina, fueron liberadas seis mujeres de nacionalidad colombiana y venezolana.
Condiciones de hacinamiento
Dichas mujeres vivían hacinadas en una habitación, quedando el resto de las mismas a disposición de los clientes, los cuales concertaban las citas a través de móviles que debían ser atendidos por ellas las 24 horas del día durante los siete días de la semana.
Además, habrían tenido coartada la libertad de movimientos, «siendo controladas permanentemente a través de un sistema de videovigilancia y sometidas a un estricto conjunto de normas de comportamiento, por ejemplo, si rechazaban a un cliente, eran penalizadas con una multa que debían pagar en metálico». En esta vivienda se incautaron varios gramos de cocaína, más de 18.000 euros en metálico y varios móviles.
Otras dos viviendas localizadas en un pueblo de la provincia de Almería y pertenecientes a la pareja que dirigía la organización criminal fueron registradas por los agentes.
En la primera de ellas fueron liberadas otras cinco mujeres, todas ellas de nacionalidad colombiana, las cuales estaban siendo supuestamente «coaccionadas para ejercer la prostitución en las mismas condiciones y bajo el mismo régimen que las otras mujeres anteriormente liberadas en Granada».
En esta primera vivienda se incautaron más de 17.000 euros en metálico, varios teléfonos móviles y documentación contable. Por otra parte, en una segunda vivienda los agentes localizaron más documentación contable, más de 34.000 euros y varios envoltorios con cocaína.
Consumo de estupefacientes
En ambas viviendas donde se ejercía la prostitución los clientes eran invitados a consumir sustancias estupefacientes, las cuales eran facilitadas al parecer, en el caso de Granada, por el varón con antecedentes policiales mencionado anteriormente.
Además de este «camello» y de la pareja que dirigía las operaciones, fueron detenidas otras dos mujeres de nacionalidad colombiana, de 35 y 20 años, encargadas presuntamente de controlar al resto de mujeres en las dos viviendas de Granada y Almería.
Las víctimas eran captadas en sus países y elegidas entre personas vulnerables, generalmente con cargas familiares, facilitándoles el pasaje de avión, un pasaporte, una reserva de hotel y dinero en efectivo, todo ello para poder entrar en nuestro país simulando ser turistas.
Una vez en el aeropuerto de destino, eran llevadas directamente al piso de Granada o Almería donde eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar la «deuda» contraída con sus facilitadores.
