El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha asegurado que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes, podría liberar parcialmente el peaje de la AP-7 a las personas damnificadas por el corte de la A-397 entre Ronda y San Pedro, pero tendría que pagarlo la Junta de Andalucía.
La Junta de Andalucía «como responsable del corte, es la que debe afrontar el abono de esa apertura del peaje para los damnificados y determinar los colectivos o personas a los que se les debe aplicar esa liberalización», ha dicho.
Salas ha insistido en que es responsabilidad de la Junta. «El responsable de la incomunicación de la Serranía de Ronda es la Junta de Moreno Bonilla». Ha añadido que, una vez que el Gobierno andaluz lo pida, el Gobierno central lo comunicará a la empresa concesionaria para hacer efectiva una liberalización parcial y pagar la indemnización correspondiente.
«El daño que se está notando ya a todos los niveles en la comarca, precisamente de las más necesitadas de la provincia y de las más abandonadas por la Diputación provincial», ha señalado el Subdelegado.
«Le pediría al PP de Moreno Bonilla, que tiene el Gobierno de la Junta, que en lugar de pedir tanto se dedique a dar una salida ágil a la carretera A-397 como la que hemos dado desde el Gobierno en la A-45, trabajando día, tarde y noche los siete días de la semana», ha indicado. Unos trabajos, por cierto, que han tardado una semana más de lo previsto.
Salas ha declarado que todo este planteamiento lo realiza después de haber hablado con el ministro de Transportes, Óscar Puente, «que está absolutamente de acuerdo» sobre este tema.
Críticas del PP al subdelegado
El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha asegurado que el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, «es un fiel representante de este Gobierno moroso, mentiroso, faltón e irrespetuoso con los malagueños».
También se ha referido a la «oferta» del subdelegado de que la Junta pida al Gobierno que libere el peaje de la AP-7 por las obras en la A-397 y que sea la administración autonómica la que pague el coste, Carmona ha lamentado la forma de proceder de este Gobierno: «Ellos, como siempre, invitan y los demás pagamos, salvo con Cataluña».
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