El Pleno de la Diputación de Málaga celebrado este miércoles ha aprobado inicialmente el plan extraordinario dotado con 20 millones de euros y dirigido a los 103 municipios malagueños y las dos entidades locales autónomas de la provincia para que hagan frente a los daños ocasionados por los temporales de las últimas semanas.
El principal objetivo es ayudar a los ayuntamientos para que puedan afrontar los desperfectos ocasionados por las fuertes lluvias, la calima que llenó de barro calles y fachadas y el temporal marino que afectó a playas, paseos marítimos y equipamientos turísticos.
Se trata de la tercera fase del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de este año. En las dos anteriores ha permitido transferir a los municipios 46,3 millones de euros. Así que, junto a los 20 millones del nuevo plan, en los cinco primeros meses del año se transferirán a las entidades locales de la provincia un total de 66,3 millones de euros.
Por otra parte, el pleno de la Diputación de Málaga ha dado luz verde a la adjudicación a la Caja Rural de Granada, Sociedad Cooperativa de Crédito, del préstamo por importe de 30 millones de euros, con una duración de 13 años, que se empleará para inversiones que acometa directamente la institución y para financiar actuaciones que realizarán los municipios.
MOCIONES DEBATIDAS
La sesión ha abordado como mociones urgentes una del PP sobre la protección del litoral de la provincia que ha salido adelante sin debate y por unanimidad, al igual que la del PSOE, con una enmienda ‘popular’, sobre la estabilización de la plantilla de la empresa pública Turismo Costa del Sol.
Sí se ha debatido aunque no ha salido adelante la moción de Unidas Podemos relativa a la implantación del teletrabajo en la Diputación de Málaga. La diputada provincial de la coalición de izquierdas Teresa Sánchez ha pedido que se implemente esta modalidad de trabajo a distancia como herramienta accesible y eficaz y para la conciliación familiar.
El diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, ha informado del voto contrario del PP a esta moción: «Pide algo que trabajamos desde el inicio de la legislatura y que actualmente se sigue ejecutando». Al respecto, ha apuntado que en 2020 toda la plantilla estuvo cuatro teletrabajando; en 2021, 210 empleados lo utilizaron, de media, siete días y este año ya hay 165 personas que han hecho uso una media de cinco días.
Así, ha añadido que su área sigue atendiendo las peticiones que les llegan de la plantilla coordinadas con el Área de Salud y Prevención y ha criticado que la ley estatal al respecto «no aclara problemas» que en muchos casos, ha dicho Villena, demandan los propios empleados como la prevención de riesgos, la ergonomía, el pago de la luz o el material informático.
Sánchez ha replicado al diputado de Recursos Humanos que «discrecionalmente» se conceda este teletrabajo «amparándose en el Comité de Seguridad y Salud» y ha insistido en que esta modalidad debe ser «para todos los trabajadores». «Ustedes no creen ni en el teletrabajo ni en mejorar la calidad de vida de los trabajadores ni en la lucha contra la despoblación ni contra el cambio climático», ha aseverado.
Mientras tanto, la diputada del PSOE Gemma Ruiz ha apoyado la moción de Unidas Podemos, considerando que el teletrabajo es «una buena medida para la lucha contra el cambio climático», puesto que reduce la movilidad de los empleados; pero también «para la conciliación familiar, personal y laboral».
«No me canso de decirlo. Esto debe ser una lucha conjunta de todas las administraciones, que se pongan las herramientas para que se garantice una legislación que ya está hecha por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y que se siga haciendo en todas y cada una de las administraciones en las competencias que tengan», ha recalcado, al tiempo que ha exigido que se garantice también que Internet llegue a todos los municipios para que dicha implantación del teletrabajo sea efectiva.
En este pleno, se han debatido, además, mociones ordinarias de los partidos como la petición al Gobierno de una «bajada inmediata de impuestos» y un rediseño de los fondos Next Generation; sobre planificación energética para evitar concentraciones «indeseadas», de ejecución de obras hidráulicas o sobre el Real Decreto de enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (PP). También se ha abordado un pacto de calidad en la atención a personas en Andalucía; la financiación de los materiales del PFEA (PSOE) y de apoyo al pueblo gitano y un escudo social en Andalucía y Málaga (Unidas Podemos).
