La legislación, enfocada contra la desinformación y la difusión de contenidos ilegales, pone coto a las grandes plataformas ‘online’
Los negociadores del Parlamento Europeo, de los Veintisiete y de la Comisión Europea han logrado esta madrugada un acuerdo político sobre la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) con la que tomar medidas contra contenidos ilegales difundidos en Internet y poner coto a la desinformación ‘online’.
La DSA se aplicará a todos los intermediarios ‘online’ que presten servicios en la UE y afecta particularmente a gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta (la matriz de Facebook) o Twitter — identificados en el acuerdo como «las grandes plataformas y servicios digitales — que, a partir de ahora, tendrán que llevar a cabo un análisis anual «encaminado a reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública».
De igual modo la ley introduce el concepto de «responsabilidad algorítmica» por el que «la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas ‘online'», obligadas a partir de ahora a eliminar los «productos, servicios o contenidos ilegales rápidamente después de que se hayan denunciado».
El comisario europeo de Comercio, Thierry Breton, ha descrito este acuerdo como un pacto para poner fin a «la era de las plataformas ‘online’ que se comportaban como si fueran ‘demasiado grandes como para preocuparse'», ha explicado en su cuenta de Twitter sobre una legislación que parte con la intención de ser uno de los grandes pilares de la legislación sobre Internet en el bloque europeo, junto con la Ley de Mercados Digitales.
La ley también pone límite a los llamados «patrones oscuros de la web», sistemas de interacción empleados por algunas compañías en Internet destinados subrrepticiamente a la explotación económica de sus usuarios a través de preguntas engañosas, ausencia de comparaciones de precios o de la introducción de obstáculos artificiales para dar de baja ciertos servicios.
Esta nueva legislación también impone que cualquier plataforma de contenidos accesibles por menores «establezcan medidas especiales de protección para garantizar su seguridad en línea, en particular cuando tengan conocimiento de que un usuario es menor de edad. Así pues, «se prohibirá a las plataformas presentar publicidad dirigida basada en el uso de datos personales de menores tal como se define en la legislación de la UE».
Asimismo, la DSA introduce nuevos requisitos de transparencia en lo que se refiere a los parámetros de sistemas de recomendación de contenidos que emplean las plataformas digitales y presentan a sus usuarios el contenido que consideran relevante para sus intereses. Por ello, grandes plataformas de contenido así como Google o otros destacados motores de búsqueda «tendrán que ofrecer a los usuarios un sistema de recomendación que no se base en su perfil».
La DSA, así prometerá a los usuarios un «mejor control sobre cómo se utilizan sus datos personales», como la prohibición de la publicidad específica según datos confidenciales (por ejemplo, basados en orientación sexual, religión, etnia) y ofrece una mayor protección a las víctimas de la violencia informática, como por ejemplo mujeres afectadas por el intercambio no consentido de imágenes (el conocido como ‘porno de venganza’).
El Consejo y el Parlamento conferirán a la Comisión facultades exclusivas para supervisar a los proveedores a los que compete el acuerdo y serán supervisados a nivel europeo en cooperación con los estados miembros. En casi de incumplimiento, las plataformas en línea y los motores de búsqueda podrían recibir multas de hasta el 6% de su facturación mundial. En el caso de plataformas en línea muy grandes (con más de 45 millones de usuarios), la Comisión de la UE tendrá el poder exclusivo para exigir dicho cumplimiento.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha saludado un acuerdo «histórico tanto en velocidad como en sustancia» que intentará garantizar que «el entorno ‘online’ siga siendo un espacio seguro, salvaguardando la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales».
«Da efecto práctico al principio de que lo que es ilegal fuera de Internet, debería ser ilegal en Internet. Cuanto mayor sea el tamaño, mayores serán las responsabilidades de las plataformas», ha añadido.
