Recuerda que ya se han elegido candidatos con esos mismos estatutos y cree que el daño a Vox sería «irreparable»
La Fiscalía Provincial de Madrid se ha opuesto a la petición planteada por un particular de suspender de forma cautelar los nombramientos de los candidatos de Vox para las próximas elecciones andaluzas, incluida Macarena Olona.
El Ministerio Público se ha pronunciado en el marco de la vista oral, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia Número 82 de Madrid, para abordar la petición que hizo un abogado en el marco de una demanda contra la formación política por la redacción de sus estatutos. En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el letrado alegó que los candidatos al 19-J se eligieron «a dedo».
Para la Fiscalía, la solicitud «no está encaminada a garantizar la tutela judicial efectiva», sino que tiene por finalidad «adelantar el fallo», por lo que -a su juicio– no cabe amparar esta petición. «Debe tenerse en cuenta que nos encontramos ante unos estatutos de 2019, por los que ya se han elegido candidatos y no ha habido ninguna impugnación», ha señalado.
Al hilo, la fiscal ha subrayado que la intención del letrado es que se suspenda el acuerdo por el que se nombraron los candidatos, lo «que impediría a dicho partido presentar a sus candidatos». En este sentido, ha insistido en que en caso de que recayera sentencia desestimatoria, el daño a Vox sería «irreparable».
Además, ha argumentado que el demandante no ha justificado las razones que le han llevado a solicitar estas medidas cautelares a pocos días de comenzar la campaña electoral en Andalucía, «teniendo en cuenta que los artículos de los estatutos cuya nulidad se pretende, fueron aprobados, según señala el demandante en su demanda, en fecha 23 de Febrero de 2019».
LA DEMANDA
La cita de este martes ha tenido lugar después de que el pasado 2 de junio el Juzgado admitiera a trámite la demanda presentada por el abogado Pedro Muñoz Lorite contra la formación liderada por Santiago Abascal, en la que solicita declarar nulos unos artículos de la normativa interna. En el marco de las diligencias, y como estipula la ley, se emplazó al demandante y a Vox a comparecer en esta vista de medidas cautelares.
En su demanda, el abogado pide al Juzgado que declare nulos los artículos 23 y 24 de los Estatutos del partido y artículo 11 del Reglamento Interno de procedimientos electorales RIPE de la formación. A su juicio, dichos apartados contravienen lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, así como el Tratado de la Unión Europea y el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.
En concreto, los artículos 23 y 24 de los Estatutos versan sobre el procedimiento de elección de cargos orgánicos y para la designación de candidatos a cargos públicos electos. El artículo 11 del Reglamento Interno, por su parte, regula la presentación de avales para poder concurrir a una candidatura.
Este martes, el abogado se ha ratificado en el contenido de su demanda y ha insistido en que Olona y el resto de candidatos a las elecciones andaluzas han sido designados «a dedo».
LOS ARGUMENTOS DE VOX
En el marco de la vista oral ha participado la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, quien ha defendido ante el Juzgado que Muñoz Lorite carece de legitimidad para presentar su demanda y reclamar que de forma cautelar se suspendan los nombramientos del partido a las elecciones del próximo 19 de junio.
Castro ha explicado que Muñoz Lorite «no es afiliado de pleno Derecho», porque presentó su solicitud el pasado 8 de mayo, dos días antes de que presentara la demanda, y aún está en el periodo –que dura nueve meses– en el que es afiliado provisional, por lo que, según ha señalado, no está legitimado para impugnar los estatutos de la formación.
Además, la vicesecretaria jurídica ha subrayado que en Vox es motivo de baja automática que alguno de sus afiliados cuente con afiliación en otro partido, como es el caso de Muñoz Lorite, que también figura en las filas de Izquierda Unida.
Ante tales argumentos, Muñoz Lorite ha respondido que «nada impide» estar afiliado a varios partidos políticos. Y ha añadido: «Como afiliado puedo impugnar lo que me dé la gana».
En el marco de su turno de palabra, la representante del partido ha asegurado que el demandante «lo que pretende es la expulsión de una candidatura sin ningún fundamento de hecho de ni Derecho». A su juicio, «existe una evidente mala fe» por parte del abogado y que hay una «falta absoluta de prueba» que pudiese «desvirtuar» la actuación de Vox.
Según ha señalado, ha percibido del demandante un «ánimo quizás excesivo en el celo para utilizar no con muy buena fe el acceso a la Justicia»; ello porque «demanda a todos los partidos políticos por cuestiones parecidas».
Castro ha asegurado que lo que ha planteado el abogado es «algo que sale de los marcos del rigor» y que si se admite la medida cautelar solicitada y el fondo de la demanda se genera una «inseguridad jurídica» sobre todas las actuaciones del partido, lo que –según ha señalado– afectaría los derechos de participación política de los ciudadanos.
Además, ha reprochado al demandante que no utilizase los canales internos del partido para denunciar las presuntas irregularidades que dice apreciar en los estatutos. Según ha precisado, Muñoz Lorite «sí que recurrió ante la Junta Electoral de Andalucía, pero fue desestimado».
Al hilo, la vicesecretaria jurídica de Vox ha incidido en que el demandante «no solo carece de buen Derecho», sino que al partido le asiste el Derecho para «mantener» la normativa interna «tal cual est
