Los armadores de Vigo han alertado de posibles «ceses de actividad» de las flotas a corto plazo debido al incremento del precio del combustible y de los costes operativos, que no se han visto aplacados con las ayudas y otras medidas implementadas, y han urgido a las autoridades la adopción de decisiones que impidan la desaparición del sector.
A través de un comunicado, las flotas de bajura, altura y gran altura, han alertado de la «grave incidencia» que el alza de precios de combustible tiene en su actividad, y han constatado que la bonificación de 20 céntimos por litro es «insuficiente». Así, y aún con la bonificación, el precio del combustible supera «ampliamente» el límite de rentabilidad.
La situación es más grave para las flotas que operan fuera de España y que no tienen acceso a esa bonificación (mientras que barcos de bandera extranjera pueden beneficiarse de la rebaja si se suministran en puertos españoles).
A esto se suma el «continuo incremento de los costes operativos», como transporte del pescado, pertrechos a larga distancia, precios de los materiales de los aparejos, envases, etc. y la «falta real de aplicación» de los principales apoyos contemplados en el RD Ley 6/2022. Todo ello provoca en el sector, han insistido, «una situación límite que hace valorar potenciales ceses de actividad a corto plazo».
En este escenario, los armadores han solicitado al Gobierno y a los grupos parlamentarios que incorporen al proyecto de Ley de Medidas Urgentes varias medidas: que se prorrogue hasta final de año la bonificación de 20 céntimos y se extienda a toda la flota con bandera española que opera fuera; que puedan beneficiarse también barcos de sociedades mixtas y bandera no española (con vínculos probados con la cadena mar-industria española) en tomas en España; o que los diferenciales por costes de combustible se incluyan en el artículo 34 del proyecto de ley, para subsanar la ausencia de bonificación a los barcos españoles que operan en puertos extranjeros.
También reclaman «que se activen con urgencia los mecanismos recogidos en el artículo 34, para todas las flotas susceptibles de recibirlos, dado el crecimiento imparable de los costes de explotación general», o que las ayudas de ‘mínimis’ se eleven a niveles de otros sectores, y «en ningún caso» sean inferiores a 320.000 euros.
Finalmente, el sector ha advertido de que «los consumidores y la ciudadanía europea no pueden permitirse el lujo de perder un sector esencial, pilar en la soberanía alimentaria en proteína marina saludable y de bajo impacto ambiental», por lo que las autoridades europeas, nacionales y autonómicas «deben aplicar medidas que permitan asegurar su supervivencia y futuro».
