El concejal socialista Mariano Ruiz ha pedido al Ayuntamiento de Málaga un plan específico para acabar con el «grave problema habitacional» en la capital, de manera que «trate de poner freno a la especulación inmobiliaria cuando hay familias a punto de ser desahuciadas».
El concejal del PSOE ha señalado «a los fondos buitre como uno de los máximos responsables de la falta de parque residencial suficiente en Málaga», una capital que cuenta con más de 21.000 familias demandantes de vivienda protegida.
Así lo ha manifestado Ruiz pocos días después de mediar para paralizar un desahucio en el distrito Este de la capital hasta el 9 de enero de 2022 «un tiempo precioso para poder demostrar su situación y tratar de quedarse en casas donde viven de alquiler desde hace medio siglo».
En este sentido, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, «que proteja a las familias malagueñas con un modelo de ciudad más amable y preocupado por la calidad de vida de los ciudadanos, en vez de dejar vía libre a la especulación de los grandes tenedores de vivienda».
«El mercado inmobiliario en Málaga está muy tensionado porque cualquier sociedad puede hacer dinero con la vivienda en nuestra ciudad, porque el precio del alquiler es muy alto pese a que dormir bajo techo es un derecho fundamental», ha defendido.
Para la también edil del PSOE Alicia Murillo, «es primordial que la vivienda protegida no caiga en manos de especuladores, porque no debe ser un negocio un bien escaso en nuestra ciudad». «Es complicado marcar las reglas del juego cuando la vivienda es privada, es complejo frenar la especulación de los grandes tenedores de vivienda. Pero, gracias al Gobierno central y la nueva Ley Estatal de Derecho a la Vivienda, sí que podemos evitar que los fondos buitre se queden con viviendas públicas como está ocurriendo ahora en Madrid», ha enfatizado.
Murillo ha explicado los «avances» de esta norma, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado mes de noviembre aunque ha aclarado que esta ley es «papel mojado si tanto el Ayuntamiento como la Junta no integran en sus respectivas ordenanzas las bonificaciones potestativas e incentivos fiscales que depara la nueva ley a inquilinos y arrendadores».
Ha enumerado que con la ley «se garantiza el parque público de vivienda social, evitando su venta a fondos buitre, a la vez que los ingresos se destinan a la creación, ampliación, rehabilitación y mejora de los inmuebles», la VPO lo será por un mínimo de 30 años y se crea la figura de la vivienda asequible. «Se trata de un auténtico blindaje de la función social de la vivienda. El objetivo es que no haya ninguna familia en la calle», ha concluido.
