El Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga investiga los supuestos cobros que habría recibido una red de funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Málaga a cambio de emitir más de un millar de documentos supuestamente irregulares, entre ellos certificados de solvencia y digitales, para facilitar trámites a gestorías y empresas, también investigadas, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.
Esta operación se ha saldado por el momento con la detención de 31 personas, nueve de ellas funcionarios de Hacienda; aunque también hay responsables de gestorías y asesorías, empresarios y autónomos. Se ha desarrollado en dos fases, la primera en abril y la segunda a finales de este mes de junio, y han participado la Policía Nacional y la AEAT. Del total de arrestados, 15 ingresaron en prisión, de los que seis son empleados públicos.
La investigación hasta ahora apunta a un núcleo duro de la red formado por cuatro o cinco funcionarios de escala básica, según las fuentes; aunque sería uno el que presuntamente recibiría los encargos y pagos de gestorías, asesorías o empresarios por esos trámites y, luego, distribuiría con sobres las cantidades a otros empleados públicos que emitían los documentos irregulares. La red llevaría entre dos y tres años funcionando y todos los funcionarios cuenta con muchos años de experiencia.
Según han señalado a Europa Press, los pagos serían para «una pluralidad de situaciones», apuntando que los documentos supuestamente irregulares emitidos no solo eran de solvencia sino también habría certificados de residencia fiscal y digitales realizados estos últimos sin cumplir procedimientos establecidos, como la presencialidad; así como otros escritos relacionados con trámites como levantamientos o aplazamiento de embargos y deudas.
El caso llegó a Málaga por una denuncia de la AEAT al detectar en Madrid un certificado de solvencia supuestamente falsificado que se había presentado para un trámite público. La Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga, coordinada por la fiscal Maite Verdugo, inició una investigación que ha dado lugar a esta causa en la que se investigan delitos de falsedad, cohecho, estafa, blanqueo de capitales y otros delitos de naturaleza económica.
Agentes de la Policía Nacional y peritos de Hacienda están analizando conjuntamente toda la documentación intervenida para delimitar los documentos y trámites llevados a cabo presuntamente de forma irregular. Los pagos irían desde 15 a varios miles de euros, según el caso y el documento, han señalado las fuentes, quienes han incidido en que el delito de cohecho pena tanto a la persona que realizar el pago como al que lo recibe.
A raíz de los registros practicados al inicio de la operación se incautaron dispositivos tantos móviles como ordenadores o discos duros cuyo examen está siendo de relevancia para identificar a otros posibles responsables y determinar las conductas delictivas o la dinámica de la supuesta trama.
Asimismo, las fuentes cercanas a la investigación han incidido en la colaboración de la AEAT en todo momento desde que se tuvo conocimiento de los hechos y han señalado que las pesquisas siguen abiertas para determinar otros posibles delitos derivados de los iniciales relacionado con el uso de dichos documentos.
