La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga será la encargada de juzgar a los acusados en el denominado caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona, un procedimiento que se inició en 2007, hace 15 años.
Así consta en una diligencia de dicha sala, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se designa el ponente de la sentencia y en la que se señala que se está a la espera de recibir la totalidad de las actuaciones de dicha causa, tras lo que se examinará si viene íntegra y se dará traslado a dicho magistrado.
La llegada de la causa a la Audiencia malagueña se produce después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, que ha investigado el caso, acordara el pasado mes de junio remitir la causa a Málaga para que se turnara y se determinara la sala a la que le iba a corresponder el enjuiciamiento.
El juzgado instructor abrió juicio oral contra 50 acusados en esta causa, entre ellos el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, por los delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa.
Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.
El exalcalde siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento «dentro de la legalidad»; además de asegurar que «nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto», fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, incide en que los informes existentes están «plagados de errores» y planteará nulidades al inicio del juicio.
En esta causa, la Fiscalía Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».
«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘Caja B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.
El ministerio fiscal considera que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».
Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento.
