La organización No Pagues Reino Unido ha lanzado una campaña de desobediencia civil para instar a la población a no pagar las facturas de electricidad y gas ante el constante incremento del monto, que se podría triplicar en octubre.
El grupo aspira a poner a las empresas en «serios problemas». «Queremos traerlos a la mesa de diálogo y obligarles a poner fin a esta crisis», afirma en su página web.
Desde el Gobierno ya han condenado la iniciativa, que han calificado de «muy irresponsable» porque «solo causará un incremento de los precios y afectará a la valoración crediticia personal», según un portavoz oficial citado por el diario ‘The Guardian’.
Además, han subrayado que «ningún gobierno puede controlar el precio global del gas», aunque «estamos prestando ayudas por 37.000 millones de libras para los hogares, incluidas las 400 libras de descuento en las facturas de energía y las 1.200 libras de ayuda directa a los hogares más vulnerables para paliar el aumento de los precios», ha argumentado.
Todo apunta a que habrá manifestaciones una vez termine el verano, pero no se limitarán a los medios tradicionales de protesta y podrían tener cierto eco otros métodos como el impago de facturas.
El 1 de octubre está previsto que se eleve el tope máximo del coste de la energía en Inglaterra, Escocia y Gales, lo que provocará aumentos de las facturas para millones de usuarios. La suma de las facturas habituales de gas y electricidad podría alcanzar las 3.358 libras interanuales en octubre, según la consultoría Cornwall Insight, casi el triple de las 1.400 libras de octubre de 2021.
La consecuencia es que en muchos hogares tendrán que ahorrar en comida u otros gastos esenciales para poder pagas estas facturas. «Es terrible, en especial con tres adolescentes en casa», se ha lamentado una ama de casa, Josina, citada por ‘The Guardian’.
Por eso ha decidido que no pagará las facturas de energía, como miles de activistas que se han sumado ya a la campaña de desobediencia civil pese a los riesgos como el aumento de las deudas, los cargos extra o, en casos extremos, el corte del suministro.
Para Josina «es la única opción» y por eso está en la calle repartiendo panfletos de la campaña que son acogidos de forma «muy positiva».
«La gente está enfadada y tiene miedo. Millones de personas de este país se verán sumidas en la pobreza este invierno y la huelga es la única forma de responder. No es una opción que se tome a la ligera. Preferiría no tener que hacer esto, pero es la única opción que tengo», ha argumentado.
No Pagues Reino Unido comenzó a funcionar en junio y asegura que tiene más de 75.000 adhesiones a su campaña de insumisión al pago de las facturas que pondrá en marcha si el Gobierno no toma medidas «drásticas».
Según el grupo, cuenta con más de 21.000 activistas «de toda procedencia» que se están organizando en sus comunidades en ciudades como Bristol, Brighton, Mánchester o Londres utilizando canales de la red Telegram para coordinar el reparto de panfletos y concienciar a la gente. Hasta ahora aseguran haber repartido más de 1,6 millones de panfletos.
Los organizadores se mantienen en el anonimato por miedo a posibles represalias, pero aseguran que son solo un grupo de amigos en el que surgió la idea tras «convencerse de la necesidad de hacer algo por el aumento del coste de la vida».
POSIBLES IMPAGOS EN ALEMANIA
Mientras, desde la Asociación Alemana de Inquilinos han advertido de que millones de hogares no podrán pagar sus facturas de calefacción debido a la vertiginosa subida de los precios del gas.
«Son muchos, estamos hablando de millones», ha advertido el presidente de la asociación, Lukas Siebenkotten, en declaraciones publicadas por el diario ‘Tagesspiegel’. Sobre todo, dijo, se ven afectadas las personas que están justo por encima del nivel de asistencia estatal.
«Habría que aumentar significativamente los topes de ingresos de las personas que pueden solicitar el subsidio de vivienda», ha apuntado Siebenkotten, que propone incluso incrementarla hasta los 5.000 euros de ingresos netos mensuales por hogar.
Además habría que incorporar a la ayuda a la vivienda un subsidio anual para calefacción. Siebenkotten también ha planteado que los inquilinos que no puedan pagar los elevados costes de la energía estén protegidos frente a la posible cancelación del contrato de alquiler y reciban una moratoria de las deudas de dos años.
