Andalucía ha reclamado este lunes al Gobierno central que retire el capítulo 1 del título 5 del decreto de medidas de eficiencia y ahorro energético, que es, en concreto, «el que atañe a todas estas medidas», de manera que les ha instado a «sentarse a dialogar» para acordar «el qué», pero que les dejen «actuar en el cómo» dentro de las competencias propias de las comunidades.
Así lo ha explicado el consejero de Políticas para la Industria y la Energía, Jorge Paradela, acompañado por la consejera de Empleo, Empresa y Trabajadores Autónomos, Rocío Blanco, y el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, que han dejado por unos instantes la reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía para atender a los medios.
Tras afirmar que Andalucía «apoya sin fisuras» la idea de reducir el consumo de energía, Paradela ha señalado que les habría gustado «hacer las cosas de otra forma», de manera que «nos dejaran ejercer nuestras competencias de autogobierno», mediante un proceso consultivo, de diálogo, en el que se acuerde el qué y el cuánto, para luego «las comunidades ver cómo se adapta a cada una de nuestras regiones, con nuestra idiosincrasia».
«No pedimos retirar el decreto al completo, pero sí que nos sentemos en una mesa a discutir cómo conseguir un ahorro eficaz de energía en el ejercicio de nuestras competencias, con lealtad y desde el diálogo», ha afirmado el consejero, que se ha unido al bloque de comunidades lideradas por el Partido Popular que han criticado este decreto, toda vez que ha sugerido que este asunto «justificaría la convocatoria de la Conferencia de Presidentes».
«EXTREMEDAMENTE PUNITIVO»
En lo concreto, Paradela ha señalado que la Unión Europea (UE) «no impone a los Estados ningún plan de ahorro energético» y ha reprochado que, en su caso, «el Gobierno sí nos impone con este decreto, que no se ha discutido ni con las comunidades ni con los sectores afectados».
De igual manera, también ha rechazado que la UE planteé un plazo que «se agota el 31 de marzo» para este tipo de medidas mientras el Gobierno ha optado por un plazo «mucho más amplio, el 31 de octubre» y, ha destacado que, además, establece «un régimen sancionador extremadamente punitivo».
Además, el consejero ha afeado que este decreto nacional «no ataque la raíz del problema», que es «el precio de la energía». En este sentido, ha recordado que el consumo de gas ya se ha visto reducido un diez por ciento en el sector industrial y un cuatro por ciento en los hogares en lo que va de año porque se está «ante la factura más cara» de electricidad, «un 200% más alta que hace un año».
ENERGÍAS RENOVABLES
El consejero ha aprovechado para explicar la forma en qué se podría atajar este problema y ha sostenido que, a largo plazo, Andalucía debe desarrollar su potencial en energía renovables y, para esto, ha reclamado al Ejecutivo central infraestructuras de transporte que «faltan» en la comunidad.
En cuanto al corto plazo, ha optado por trabajar por la vía de los incentivos y la reducción de trabas, a través de los marcos multilaterales de la UE así como con Fondos Next Generation. «Es más eficaz trabajar desde el plano positivo de las recomendaciones que en el plano de las sanciones», ha argumentado.
