El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga tiene previsto continuar este mes de septiembre, en concreto el día 28, el juicio para determinar si existió culpabilidad o no en los que fueron responsables de la promotora Aifos, entre ellos el que era el dueño, Jesús Ruiz Casado, y su mujer, en cuanto a la situación económica de quiebra de la empresa, que hizo que entrara en 2009 en concurso de acreedores.
Así lo ha señalado el letrado de numerosas familias afectadas, Carlos Cómitre, quien ha recordado que Ruiz Casado se enfrenta a 12 años de inhabilitación y su mujer, a cinco años; además de que se pide que paguen más de 120 millones por el déficit generado. En el proceso, hay otros dos supuestos responsables y 13 partes acusadoras.
El juicio comenzó el pasado mes de junio, casi 13 años después de que la empresa fuera declarada en concurso de acreedores, «atrapando a miles de familias con su dinero anticipado por viviendas que nunca se construirían y a centenares de proveedores y decenas de entidades financieras», lamentó el letrado.
Así, en esa primera sesión declaró Ruiz Casado, aunque no contestó a dicho abogado, lo que «no se puede hacer al estar citado como testigo», ha apuntado. En su declaración «culpa del concurso de acreedores a los bancos y los compradores que no cumplieron con sus contratos», ha indicado Cómitre.
En esa sesión también estaba prevista la declaración de una decena de testigos, la mayoría propuestos por la defensa y que son profesionales relacionados con asesorías de Aifos. Según el letrado, «no compareció ninguno», por lo que «se les han vuelto a citar para esta segunda vista con el apercibimiento de que se les ha abierto ya un expediente con advertencia de multa».
La sociedad, en liquidación desde 2015, fue durante un tiempo supervisada por una administración concursal, que finalmente solicitó apartar al administrador de la empresa, denunciando determinadas actuaciones que infringirían las normas del concurso.
Esa administración concursal, la Fiscalía y varios de los acreedores solicitan que el concurso sea declarado culpable por distintos motivos y apuntan a quienes fueron administradores de la empresa y otras personas y empresas de su entorno. Entienden que hubo determinadas acciones y decisiones que habrían agravado la situación de la empresa.
Así, solicitan para el que era dueño de la empresa, su mujer y otras personas la responsabilidad de afrontar el pago del déficit concursal; es decir, aquello que no pueda pagarse con la venta de los bienes de la sociedad. Esta cantidad superaría los 120 millones de euros.
Para estas partes, hubo «irregularidades contables graves y relevantes», apuntando a la «falta de fiabilidad de la contabilidad», sobre todo por realizar operaciones con otras sociedades del grupo «para simular una situación ficticia de solvencia y presentando unos resultados que no son reales», al haber, supuestamente, un desplazamiento patrimonial.
Además, entienden que Aifos debería haber solicitado entrar en concurso en 2007, pues en ese año ya «carecía de recursos económicos para proseguir con su actividad»; ese retraso «produjo un perjuicio grave» para los acreedores y la sociedad se fue depreciando con los años, hasta presentar en 2008 un déficit patrimonial superior a los 128 millones de euros, según el escrito de la Fiscalía.
Asimismo, el ministerio fiscal considera que hubo «incumplimiento» del deber de colaboración con la administración concursal «al no facilitar la información necesaria» y haber «impedido» negociaciones.
