La Fiscalía General del Estado ha pedido a los fiscales de las Comunidades Autónomas que den cuenta de la situación de las investigaciones sobre las muertes por Covid-19 en las residencias de mayores, así como el número de denuncias interpuestas. Una información que deberán facilitar en el plazo de un mes. Además, reclama que las víctimas y sus familias sean oídas.
Con el asunto ‘Dación de cuentas sobre procedimientos penales incoados por fallecimientos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la Covid’, la Fiscalía da un nuevo paso en la investigación sobre las muertes de ancianos y ancianas durante la pandemia. En el documento trasladado a todos los fiscales solicita que le remitan el estado de todas las investigaciones al respecto.
Según se detalla, pide el número de diligencias de investigación en trámite a fecha del 30 de septiembre de 2022, así como el número de denuncias o querellas interpuestas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año. Junto a esto, el número de procedimientos judiciales en tramitación en los juzgados de las diferentes comunidades.
La Fiscalía busca tener información “de mayor calidad” sobre los procedimientos penales incoados en las fiscalías territoriales, “que por su indudable importancia y trascendencia deben ser puestos en conocimiento del fiscal general. “Es preciso”, continúa, “adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual y el devenir de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad como consecuencia de la enfermedad Covid-19”.
Escuchar a las víctimas y a sus familiares
Asimismo, la Fiscalía ve “de especial importancia proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe dispensar, garantizado su protección procesal”. Para ello, sostiene, “se ha de velar por que sean oídos e informados en el curso de las diligencias de investigación y del procedimiento penal y que, en su caso, puedan aportar las fuentes de prueba y la información que estimen relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
Los fiscales, recoge el escrito, antes de solicitar el sobreseimiento por falta de pruebas, “procurarán contactar previamente con la víctima, si no estuviera personada, a fin de asegurar la inexistencia de medios o diligencias de prueba que no hubieran aflorado en la instrucción y la víctima pudiera proporcionar”.
