La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha fijado para el 9 de enero el inicio del juicio del caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción urbanística en la localidad malagueña de Estepona, 16 años después de iniciarse la investigación. La previsión es que la vista oral comience ese día con las cuestiones previas y en marzo la práctica de la prueba, que se dividirá en diez bloques temáticos.
Así consta en dos providencias del Tribunal que se encargará del enjuiciamiento de este caso, 16 años después del inicio de la investigación, en el que hay 50 personas acusadas, entre ellas el exalcalde Antonio Barrientos y otros exresponsables municipales del PSOE y del Partido de Estepona (PES), así como empresarios y funcionarios.
Según los escritos de la Sala, a los que ha tenido acceso Europa Press, se ha previsto por el momento seis días para que las partes expongan sus cuestiones previas, del 9 al 17 de enero. Tras esto, el Tribunal se realizará el examen y decisión sobe las alegaciones que puedan resolverse, así como sobre las diligencias de pruebas que puedan proponerse.
En cuanto al desarrollo de la prueba, está previsto que sea a partir del día 7 marzo, en sesiones de mañana con inicio a las 10.00 horas, de lunes a miércoles de cada semana, con opción de algún jueves. Se dividirá en diez bloques que abordarán los distintos asuntos por los que se acusa.
Así, se abordarán los distintos tipos de convenios, actuaciones en materia de disciplina urbanística, depósitos bancarios en Suiza y Andorra, contratos y concesiones administrativas del Ayuntamiento, supuestos pagos y contraprestaciones por concesión de licencias, presuntos cobros de comisiones vinculadas a pagos de deudas, financiación irregular de partidos políticos, incrementos patrimoniales y actuaciones irregulares de técnicos municipales.
LA CAUSA
El procedimiento, con 351.114 folios entre los 128 tomos principales y los 646 de piezas documentales, tendrá 284 testigos y 48 peritos. Además de los 50 procesados hay otras 27 personas o entidades como supuestas responsables subsidiarias o a título lucrativo y tres acusaciones.
Ante la magnitud de la causa, la Sección Tercer pidió refuerzos tanto de funcionarios, técnicos informáticos y demás personal auxiliar como también dos magistrados.
Se investigan delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exregidor una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa.
Barrientos siempre ha defendido su inocencia y su actuación en todo momento «dentro de la legalidad»; además de asegurar que «nunca se ha enriquecido ni obtenido beneficio alguno, ya sea directo o indirecto», fuera de las retribuciones propias de su cargo como regidor. Además, ha incidido en que los informes existentes están «plagados de errores» y planteará nulidades al inicio del juicio.
Anticorrupción acusa por supuestamente tener «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
El fiscal apunta inicialmente a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos «tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica» en el municipio, pero «en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios».
«Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘Caja B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios», dice la Fiscalía en su escrito provisional.
El ministerio fiscal considera que las contribuciones supuestamente «se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en asumir como gastos propios de las empresas deudas municipales».
Asimismo, Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento.
