Quiere que padres y madres, no solo el colectivo LGTBI, participen en el diseño de programas sobre realidades sexo-afectivas en escuelas
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este lunes 31 de octubre sus enmiendas parciales a la Ley Trans, con las que pretende que los menores de 12 a 16 años necesiten el aval judicial para poder cambiar el nombre y el sexo en el Registro Civil, una exigencia que el texto actual contempla únicamente para los menores de 12 a 14 años. De esta forma, busca limitar la autodeterminación de género en los menores de 16 años con el objetivo de «reforzar las garantías» para ese tramo de edad, de acuerdo con «el interés superior del menor».
Los socialistas han registrado sus enmiendas esta tarde, alrededor de las 19:00 horas, según han informado a Europa Press fuentes del PSOE, dos días antes de que se cierre el plazo de enmiendas a la Ley Trans, el próximo miércoles 2 de noviembre, si no hay más prórrogas.
El PSOE decidió la semana pasada pedir una semana más de plazo para presentar sus enmiendas parciales, pese a la presión de sus socios de Unidas Podemos, que vienen exigiendo que se desbloquee la tramitación.
Así, uno de los preceptos que plantean los socialistas en sus enmiendas es eliminar la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan presentar solicitud por sí mismos asistidos por sus representantes legales. En su lugar, proponen que los menores de 16 años y mayores de 12 deberán contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.
Fuentes del PSOE precisaron el pasado viernes que este cambio se debe a que estiman «necesario reforzar las garantías para el tramo de 14 a 16 años».
En concreto, se apoyan en una conclusión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que dice que «legitimar a los mayores de 14 años y menores de 16 para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de su representantes legales, no resulta adecuado para proteger el interés del menor comprendido en esa franja de edad que carezca del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada».
Por otro lado, el Grupo Socialista ha registrado otra enmienda por la que establece que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.
Las mismas fuentes precisaron que se establece la vía de la jurisdicción voluntaria para la reversibilidad de la mención registral, «para los cambios que quieran hacerse después del primero».
Según puntualizan, los socialistas persiguen con estas enmiendas que el texto sea «garantista, especialmente con los menores», y «evitar la posibilidad de ser recurrido ante el Tribunal Constitucional.
ELIMINA LA ANALOGÍA ENTRE VIOLENCIA INTRAGÉNERO Y DE GÉNERO
Igualmente, proponen eliminar la analogía de la violencia «intragénero» con la violencia de género y se dota de derechos laborales de reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo a las personas que por ser LGTBI sufran violencia en el ámbito familiar, no solo en el ámbito de la pareja.
Además, el Grupo Socialista propone en otra de las enmiendas que se contemple el «sexilio», entendido como el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, «como causa de despoblación dentro de las medidas sobre políticas de despoblación del Gobierno de España», ya que, según precisan, este problema se da especialmente en las zonas rurales.
Asimismo, plantea reforzar la formación de los profesionales que trabajan en centros para personas mayores sobre la realidad de las personas LGTBI de edad avanzada.
En el ámbito del empleo, los socialistas sugieren que, en un plazo de 12 meses, las empresas de más de 50 trabajadores hayan pactado un conjunto planificado de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI, que incluya un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra el colectivo.
Respecto a las administraciones públicas, plantean asegurar que, dentro de los mecanismos de empleabilidad y planes de inserción de personas en riesgo de exclusión social, «se favorezcan medidas de acción positiva para la contratación y el empleo estable de personas trans, con especial atención a las mujeres trans».
También proponen introducir un nuevo artículo para que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para la prevención del sinhogarismo entre personas LGTBI y de los delitos e incidentes de odio que sufren.
MUJERES TRANS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
Igualmente, plantean en otra de las enmiendas que las mujeres trans en situación de prostitución tengan derecho a los recursos sociolaborales establecidos en la Ley de garantía integral de la libertad sexual, y que, «medie o no situación de explotación sexual, puedan acceder a los recursos sociolaborales y de atención psicológica que se establezcan en los planes y medidas para víctimas de violencia sexual o víctimas de trata y explotación sexual».
Atendiendo a los menores, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que se garantice que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, «no exista discriminación por motivo las causas establecidas en esta ley» y añade que «en los centros de menores se trabajará la diversidad familiar con el fin de garantizar que los y las menores que sean susceptibles de ser adoptados o acogidos sean conocedores de la diversidad familiar por razón de la diversidad sexual e identidad de género».
Sobre los jóvenes, el PSOE sugiere añadir al texto que en los cursos dirigidos a personas mediadoras, monitoras y formadoras juveniles se incluya formación sobre orientación sexual, identidad sexual o expresión de género; y, en el ámbito del turismo, propone un nuevo artículo para que se adopten las medidas necesarias para fomentar y apoyar el turismo orientado al público LGTBI y a sus familiares.
Atendiendo al ámbito escolar, los socialistas añaden al texto de la ley que los programas de información dirigidos al alumnado, a sus familias y al personal de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades sexo-afectivas deberán realizarse no solo en colaboración con las organizaciones representativas de los intereses de las personas LGTBI, sino también «con las Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS)».
También plantea incluir una nueva disposición adicional en la que se contemplaría la creación, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta ley, de una Comisión interministerial de seguimiento de la aplicación de la norma, con los departamentos de Igualdad, Justicia, Interior y Sanidad.
