Si no lo ha hecho ya es porque no quería «interferir» en la «negociación política»
El Tribunal Constitucional (TC) tardará aún «un tiempo» en resolver los recursos de PP y Vox a la reforma aprobada por el Gobierno para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizara nombramientos mientras estuviese en funciones.
Fuentes del Tribunal Constitucional señalan que «los ponentes tienen adelantadas sus ponencias, aunque la modificación legal reciente impone un tiempo para su examen y reflexión».
Los ponentes de los recursos presentados por Vox y PP en abril y mayo de 2021 son los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer y los recursos no fueron incluidos en el orden del día hasta el 16 de septiembre de 2021.
«Es cierto que un recurso de inconstitucionalidad no tarda en llevarse ordinariamente a pleno más de 15 días desde su interposición. Se lleva al primer pleno siguiente que se convoque. Es inmediato, pues se constata la legitimación, el plazo de interposición y la corrección del suplico con la pretensión jurídica del recurrente», explican desde el TC.
En este sentido recuerdan que compete a quién es en el momento presidente del Tribunal Constitucional fijar y llevar el orden del día de los asuntos a pleno.
PLAZOS
Así, señalan que en comparación de los plazos con la tramitación de las dos sentencias del estado de alarma, la primera de ellas, de la que fue ponente González Trevijano, el hoy presidente de TC, fue objeto de recurso de inconstitucionalidad por parte de diputados de Vox el 28 de abril de 2020 y el asunto se llevó a pleno y fue admitido el día 6 de mayo de 2020, sólo 8 días después.
La segunda de ellas, de la que fue ponente Antonio Narváez, fue objeto de recurso de inconstitucionalidad también por parte de diputados de Vox el 6 de noviembre de 2020 y la admisión se acordó por el pleno, bajo la entonces misma presidencia, el 17 de noviembre de 2020, es decir, 10 días después.
Fuente del TC recuerdan que el día de la elección del actual presidente, el 19 de noviembre de 2021, este señaló tras recabar el parecer del vicepresidente Juan Antonio Xiol «que el Colegio de Magistrados, de no preverse acuerdo de renovación en los meses de junio/julio de 2022, tomaría la máxima urgencia de llevar los borradores de las dos setencias a pleno».
Y ya en el mes de marzo, tras la previa resolución de las múltiples recusaciones de algunos magistrados, que impedían el conocimiento de los más importantes asuntos del Tribunal, junto con la resolución de las sentencias de algunos de los condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el denominado procés, el presidente y los dos ponentes se ratificaron en la decisión adelantada de llevar los borradores de las dos sentencias, «si el Consejo no hubiera recuperado entonces sus competencias o no hubiera acuerdo político sobre la renovación de sus miembros».
«El plazo era el apuntado de los meses de junio o julio», indican y resaltan que «el Tribunal era consciente de que no podía diferir sine die tan importante asunto y de que no podía ser responsable paralelamente de la imposibilidad de nombramiento de sus dos propios magistrados por el Consejo General del Poder Judicial».
Sin embargo, fuentes del TC explican que tras la recuperación de competencias del CGPJ en julio de 2022 para nombrar a los dos magistrados del Tribunal, «y dada también la existencia de la negociación del Gobierno y el principal partido de la oposición para la renovación del Consejo, se decidió, como se ha hecho siempre, no interferir -de acuerdo con la práctica inveterada en estos cuarenta años- en los procesos de negociación política o en los procesos electorales pendientes».
Al tiempo, indican que el CGPJ está habilitado para nombrar desde el mes de julio a sus dos magistrados en el Tribunal Constitucional. «Simultáneamente las negociaciones se encontraban entonces en curso por parte de las dos principales formaciones políticas», subrayan.
«El Tribunal es consciente de la situación presente», declaran fuentes del TC, que resaltan que «los ponentes tienen adelantadas sus ponencias, aunque la modificación legal reciente impone un tiempo para su examen y reflexión».
