PSOE y Unidas Podemos registran una enmienda en la reforma del Código Penal con penas de hasta tres años para cargos que no justifiquen un enriquecimiento de más de 250.000 euros.
PSOE y Unidas Podemos quieren que se castigue con penas de hasta tres años de cárcel el enriquecimiento ilícito de cargos públicos. Ambas formaciones, socias del Gobierno, han registrado este viernes una enmienda en la reforma del Código Penal para crear un nuevo delito para aquellos cargos públicos que no justifiquen cambios en su patrimonio superiores a 250.000 euros.
Las formaciones que forman el Ejecutivo de coalición quieren dar un paso más en la lucha contra la corrupción política. Y lo hacen a la misma vez que la reforma de la malversación. De esta manera, proponen que los cargos públicos deban dar explicaciones hasta cinco años después de abandonar su responsabilidad.
“Hasta ahora los cargos públicos tenemos la obligación de presentar nuestras declaraciones sobre nuestras rentas, nuestro patrimonio, pero nada más. No existe ningún procedimiento al finalizar nuestro mandato que si hemos tenido un incremento patrimonial desproporcionado, no justificado, suceda algo”. Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha sido el encargado de dar cuenta de la enmienda registrada.
Según ha afirmado, dicha iniciativa busca que “aquellos cargos públicos que tengan incremento de su patrimonio o que hayan tenido cancelación de sus deudas por encima de 250.000 euros de lo que son sus ingresos habituales durante el ejercicio del cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tendrán la obligación de justificar ese incremento”.
“En caso de no hacerlo”, ha continuado, “podrán aplicárseles penas prisión de entre seis meses y tres años, inhabilitación de entre dos y siete años y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente”. “España se situará entre los países más avanzados en esta materia”, ha remarcado López.
“No queremos ver nunca más un responsable publico que se beneficia de un enriquecimiento ilícito e injustificable sin que esto tenga ninguna explicación ni ninguna consecuencia”, ha incidido, antes de apuntar que se trata de un paso más en la “rendición de cuentas”.
