La Fiscalía Provincial de Madrid solicita nueve años de prisión para el bailaor Rafael Amargo por un delito contra la salud pública, a quien acusa de vender en su propio domicilio sustancias estupefacientes a terceras personas de manera «persistente» a cambio de dinero.
El representante del Ministerio Público solicita la misma pena para Juan Eduardo S.B. asistente de producción de Amargo, porque actuaba de forma «conjunta» con el otro acusado en la compra y posterior distribución de dichas sustancias, han informado este lunes fuentes fiscales.
El escrito de acusación sostiene que, durante los meses de abril y diciembre de 2020, ambos «se venían dedicando de manera concertada y persistente a la distribución de sustancias estupefacientes, entre otras metanfetamina, a terceras personas a cambio de dinero». A tal fin, los dos acusados adquirían la sustancia de manera «conjunta» a los distintos suministradores, para posteriormente repartirla entre ambos y venderla a terceras personas.
Así, el bailarín supuestamente vendía las sustancias estupefacientes a las personas que acudían a su domicilio de Madrid y en otras «hacía llegar la sustancia al lugar donde el cliente indicaba para lo cual se valía de su hombre de confianza, el también acusado Manuel Ángel B.L., otro de los socios de Amargo, a sabiendas de lo que portaba, después de hacer la entrega correspondiente, regresaba al domicilio para entregarle el dinero obtenido con la venta».
A modo de ejemplo, la Fiscalía relata que el 27 de abril de 2020, Manuel Ángel para quien pide seis años de prisión, fue sorprendido por la Policía cuando se disponía a entregar a un cliente, a cambio de 50 euros, una bolsita con sustancia que resultó ser metanfetamina, con un peso neto de 0,943 gramos y una pureza del 76,7% con un valor en el mercado ilícito de 24,42 euros en su venta por gramos; sustancia que había recogido minutos antes del domicilio de Amargo, «donde debía regresar para entregar el dinero».
Asimismo, a raíz de los dispositivos de vigilancia que se establecieron sobre su domicilio, los policías nacionales pudieron observar «cómo acudían numerosas personas que, tras acceder al mismo y permanecer en el interior escasos minutos, salían nuevamente de manera apresurada, procediendo los agentes a identificar a dos de ellas, interviniendo sustancia estupefaciente que se había adquirido en dicho domicilio, levantándose las correspondientes actas de aprehensión».
