La Fiscalía de Málaga ha decidido remitir las investigaciones realizadas sobre las presuntas irregularidades de la empresa municipal de aparcamientos de Málaga (Smassa) en las obras del parking de calle Pio Baroja de la capital al juzgado que ya tiene abierta una causa sobre este asunto a raíz de la denuncia presentada por la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de dicha sociedad, Trinidad Rodríguez.
Así lo han informado a Europa Press fuentes fiscales, quienes han explicado que una vez conocido que existe en un juzgado una causa sobre el tema, las diligencias de investigación, iniciadas en la Fiscalía tras las denuncias de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos, se archivarán y se remitirá lo actuado a dicho órgano judicial, dejando sin efecto las actuaciones previstas, como las declaraciones de personas relacionadas con el asunto.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga ha abierto una causa a raíz de la denuncia presentada por la exjefa de dicho departamento en la que aludía a un presunto acoso laboral y también a supuestas irregularidades en la adjudicación de obras y en la construcción de dicho aparcamiento, acordando tomar declaración como «imputado» al gerente de Smassa, Manuel Díaz.
Según un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado a finales del diciembre pasado, la magistrada señala que los hechos que resultan de las actuaciones realizadas previamente «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».
En este sentido, y para avanzar en la investigación de los hechos denunciados, la instructora acuerda que se tome declaración «al imputado» Manuel Díaz; así como a la denunciante como perjudicada y a otras cuatro personas como testigos, entre ellas el edil de Movilidad, José del Río.
En la denuncia, consultada por Europa Press, se indica que los hechos consisten principalmente «en graves actos hostiles y humillantes que de manera reiterada ha realizado el denunciado hacia la denunciante», en la mayoría de los casos en relación con la obra del aparcamientos en la calle Pío Baroja, aunque no habría sido la única.
En dicho escrito, la denunciante señala que por razones que desconoce «desde el inicio de la promoción de aparcamientos sitos en la calle Pío Baroja fui presionada», indicando que supuestamente se le «insistía en la necesidad que la empresa referida debía ganar» la licitación, aunque ella ya había puesto en evidencia que «era la peor propuesta en cuanto a organización» de la obra.
Además, informó de que «la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida» y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios, apuntando que, «sorprendentemente», en esa obra la forma de actuar era, al parecer, «al revés», ya que «a priori se acepta por la dirección, gerente y/o el concejal cualquier modificado, intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE».
La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades».
Dichas supuestas «irregularidades» podrían implicar, presuntamente, «la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos». Esto fue denunciado públicamente por la perjudicada en un pleno del Ayuntamiento de octubre del pasado año.
