La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha negado este martes «categóricamente» que el Gobierno de Juanma Moreno «vaya a privatizar» la atención primaria en la comunidad y ha defendido la nueva orden de tarificación para concertar la asistencia sanitaria que modifica la vigente desde 1998, que no recibió alegaciones de grupos políticos o sindicatos durante el mes que estuvo en periodo de información pública el pasado verano.
García se ha pronunciado de este modo en una entrevista con Canal Sur Radio en relación con la denuncia de Por Andalucía, que aseguró este lunes la Junta ultima una normativa para «privatizar la atención primaria» en la comunidad al permitir que empresas privadas «utilicen» hospitales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para realizar pruebas u operaciones «concertadas» con la sanidad pública fijando tarifas de 150 euros por la primera consulta médica de atención primaria y de 90 euros para las sucesivas.
«Me gustaría negar categóricamente que el Gobierno de Moreno vaya a privatizar nada en Andalucía, estamos haciendo todo lo contrario desde hace cuatro años», ha defendido la titular de Salud, que ha explicado que la modificación de la orden de tarifas de 1998 «estuvo en información y audiencia pública» el pasado verano y no recibió alegaciones «al fondo» y se limita a establecer un «marco de tarifas y precios para todo lo que en un momento puede tener una necesidad».
García ha justificado la actuación de la orden de tarifas en el actual «déficit de profesionales» que sufre el sistema sanitario público tanto en España como en Andalucía y ha pedido a Por Andalucía y al PSOE que, en vez de «tergiversar y meter miedo» hablando de privatizaciones, pueden «ayudar» para que el Gobierno «rectifique y haga una convocatoria extraordinaria de plazas MIR que estamos pidiendo desde Andalucía desde hace cuatro años» porque «este verano en España se han quedado 4.000 médicos licenciados que no se han podido especializar».
Según ha explicado, Extremadura, gobernada por el PSOE en coalición con Podemos, «está realizando intervenciones quirúrgicas donde existe personal externo de una empresa privada para poder llevarla a cabo para cubrir su déficit de médicos». «Extremadura está haciendo lo que tiene que hacer y Andalucía hará lo que tenga que hacer, el déficit de médicos es tan brutal a nivel del sistema nacional de salud y a nivel de Andalucía que será necesario coger médicos para poder llevar a cabo intervenciones quirúrgicas», ha añadido.
COMPARECENCIA PARLAMENTARIA A PETICIÓN PROPIA
La consejera de Salud ha indicado que ya ha solicitado comparecer «a petición propia» en el Parlamento para informar sobre esta nueva orden de tarifas, que ha justificado en que «como administración tenemos la obligación de establecer marcos para que no puedan suceder ciertas cosas que ya habían pasado en Andalucía y esta orden de tarifas y precios no obliga a nada a la administración porque después vienen los contratos».
Ha recordado que hace unos meses se aprobó en el Parlamento andaluz un acuerdo extrajudicial por una deuda de 250 millones de euros «que dejó el Gobierno socialista con las empresas Pascual» y ha defendido que el objetivo de la nueva orden es que «cuando se vuelva a dar una situación como la que se dio cuando gobernaba el PSOE, nadie le pueda poner un precio a la administración por encima del mercado porque esa orden será la que marque el mercado con entidades privadas».
«Intentamos evitar el abuso que se denunció por parte de Por Andalucía y del PSOE y al que nosotros venimos a poner coto con esta orden de tarifas y precios», ha añadido García, que ha insistido en que el Gobierno andaluz «nunca va a privatizar», sino que va a «defender a ultranza al sistema sanitario público andaluz con el mayor presupuesto y el mayor número de profesionales de la historia».
