La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga tiene previsto comenzar el martes día 7 la fase de prueba y declaraciones de acusados en el juicio del caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en la localidad malagueña de Estepona y lo hace con el bloque relativo a la investigación de las actuaciones en materia de disciplina urbanística.
Así lo han confirmado fuentes judiciales, quienes han indicado que este bloque, uno de los diez en los que se ha dividido la vista oral, ocupará las tres sesiones previstas para esta próxima semana –en concreto los días 7, 8 y 9 de marzo–.
El procedimiento se inició en 2007, hace 16 años, y ahora hay casi 50 acusados, entre ellos el alcalde de dicho municipio, el exsocialista Antonio Barrientos, después de que se haya retirado la acusación para algunos de los procesados en el trámite de cuestiones previas y otro haya llegado a un principio de acuerdo.
En el bloque por el que empieza la prueba, por el que el fiscal acusa solo al exalcalde socialista, se analizan los expedientes de infracciones administrativas en el Ayuntamiento, la mayoría relacionadas con disciplina urbanística, considerando que Barrientos «ignoró adrede los listados de expedientes pendientes» e hizo «caso omiso a las sucesivas advertencias del tesorero municipal».
La acusación pública señala en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que los expedientes comenzaron «correctamente», se aportaron en casi todos los casos informes técnicos y normalmente contenían decretos de suspensión de obras o requerimientos. Pero, «a partir de ahí se paraba de forma sistemática la tramitación hasta que transcurrían los plazos de caducidad».
La Fiscalía apunta que «para guardar las apariencias se reiniciaron muchos expedientes ya caducados, pero salvo en asuntos puntuales nunca recayeron resoluciones de fondo, puesto que a los trabajadores de los servicios administrativos de Urbanismo se les había ordenado o recomendado que se abstuvieran de impulsar estos procedimientos».
Según el ministerio fiscal, a raíz de esto de 2003 a 2008 se resolvieron «únicamente 13 de los 507 expedientes de restablecimiento de legalidad, sin que en ninguno llegara a ejecutarse la resolución de demolición o restauración de la legalidad». De los 95 expedientes sancionadores «sólo se terminaron cinco, con sanciones que sumaban 1.076.824,36 euros, que sí se ejecutaron».
La investigación del caso ‘Astapa’ comenzó a raíz de una denuncia presentada por dos ediles, David Valadez –que luego fue alcalde– y Cristina Rodríguez–, ambos del PSOE, formación que gobernaba entonces la localidad junto con el Partido de Estepona (PES).
La Fiscalía Anticorrupción solicita inicialmente para Barrientos una pena de diez años y nueve meses de prisión, inhabilitación para empleo público por un periodo de 38 años y multa, acusado por los supuestos delitos de falsedad, fraude, malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
Además, están acusados otros cinco exresponsables municipales entonces miembros del PSOE y del Partido de Estepona; así como empresarios y funcionarios. También figuran empresas como responsables civiles subsidiarias y otras personas como supuestas responsables civiles a título lucrativo.
La Audiencia malagueña ha resuelto parte de las cuestiones previas planteadas por las defensas y ha rechazado incluir un nuevo bloque en el juicio, como había pedido el fiscal, para abordar el origen de la investigación, que los abogados de los acusados han cuestionado desde el inicio por su supuesta vinculación con el comisario José Manuel Villarejo.
Asimismo, se declaran nulas las escuchas telefónicas autorizadas en auto del 29 de marzo de 2007 y las prórroga de las mismas, los registros en la vivienda de un acusado y en las sedes de dos empresas; y los autos de detención de tres acusados, entre ellos el que fuera jefe de Gabinete de Alcaldía; así como las resoluciones por las que se prorrogó el arresto de este y de Barrientos.
Se ordena excluir los delitos de cohecho que se imputaban a tres procesados, aunque la causa sigue contra ellos por el resto de delitos que le achaca el ministerio público. Asimismo, se da cuenta del archivo de las actuaciones respecto de dos investigados para los que el fiscal ya retiró la acusación y se archiva la causa respecto de dos mujeres citadas como partícipes a título lucrativo.
No obstante, la Sala aplaza para otro momento la resolución sobre una nulidad íntegra de la causa hasta que se celebre la prueba necesaria en el juicio, considerando que este tipo de alegación «no puede resolverse sin aclarar antes cuestiones fácticas que pueden estar precisadas de prueba específica».
Respecto a las intervenciones telefónicas, la Audiencia cree que era «razonable acometer una instrucción que iba a tener como objeto principal inicial indagar sobre todos los convenios» urbanísticos, «pero lo que no resultó ajustado a derecho es ordenar la medida de intervención telefónica sin que se aportara ni una valoración propiamente dicha de lo que se enajenaba en ningún convenio».
En este sentido, los magistrados analizan documentos aportados con la denuncia, que no consideran informes como tal, y dice que «no proporcionaban indicios suficientes que avalaran la que venimos insistiendo en proclamar sería el núcleo central de la denuncia» en cuanto a que aluden a «alguna infravaloración» de convenios urbanísticos «para sostener un supuesto sistema de triple caja» en el Ayuntamiento.
El ministerio público viene sosteniendo que había «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades; y por supuestas irregularidades en los convenios urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios». Estima inicialmente en 28 millones de euros el perjuicio causado al Ayuntamiento a raíz del caso.
Según el escrito inicial de la acusación, los acusados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición», también electorales, y asimismo para «beneficio propio».
Entiende que «para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una ‘Caja B’, procedimiento ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol, que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios».
Anticorrupción apunta en su escrito inicial que «se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa relevante en materia urbanística a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido». En la causa se han investigado convenios de planeamiento y de aprovechamiento «y se han detectado medidas tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público».
