El exalcalde de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, acusado en el caso ‘Astapa’, sobre la presunta corrupción política y urbanística en dicha localidad, ha asegurado que durante su etapa de regidor «no hubo irregularidad alguna, y menos desde el punto de vista penal, en temas de disciplina urbanística», aunque ha lamentado que no puede decir lo mismo «de la investigación policial –de esta causa–, donde sí que no hubo disciplina debido a su actuación con múltiples irregularidades y anomalías, impropias de un Estado de derecho».
La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha comenzado este martes la fase de prueba y declaraciones de acusados en el juicio del caso ‘Astapa’, en concreto con el bloque relativo a la investigación de las actuaciones en materia de disciplina urbanística.
En este apartado, el fiscal acusa únicamente a Barrientos, del que dice que hizo «caso omiso a las sucesivas advertencias» respecto a los expedientes con el fin supuestamente de paralizar «de forma sistemática la tramitación hasta que transcurrían los plazos de caducidad». La Fiscalía apunta que, además, a los funcionarios «se les había ordenado o recomendado que se abstuvieran de impulsar estos procedimientos».
Así, en su comparecencia, en la que no ha contestado las preguntas de las partes sino que ha realizado una declaración, el exregidor ha incidido en que delegó las competencias de disciplina urbanística a los dos meses a la edil María del Carmen Miralles, que ha declarado como testigo en el juicio. Según Barrientos, esta era «una persona con experiencia política».
Además, ha apuntado que entre 2003 y 2007 hubo «mucho desarrollo económico y en Urbanismo estaban desbordados», lo que unido a la nueva ley urbanística, la LOUA, «hizo que hubiera retrasos». Pero, ha asegurado que «jamás hubo ninguna prescripción de expedientes».
«Ningún técnico ha recibido jamás por parte de la concejala ni por nadie sugerencias, proposición y menos aún presión sobre expedientes de disciplina», ha manifestado, insistiendo en que tuvo «poca participación directa, ninguna» en esta materia.
Ha explicado que solo actuó cuando el tesorero le dirigió algunos escritos, algo que, ha dicho, «empezó a raíz de una denuncia que le interpongo ante la Fiscalía, que se perdió hasta tres veces». A esos escritos respondió con informes «donde decía que todos los expedientes habían sido debidamente firmados».
Ha destacado su «celo» por la no prescripción de los expedientes y por la legalidad y ha asegurado que hicieron «un encaje legal» para resolver el problema que había por los denominados «campitos», es decir, las construcciones ilegales en suelo no urbanizable, que «afectaba a toda Andalucía» y no solo a Estepona.
Barrientos ha señalado que aunque en urbanismo había «un plantel de magníficos profesionales, había una serie de descoordinaciones». Además, ha asegurado que «personalmente» para estas competencias «busqué y fiché a Rafael Duarte», que también ha comparecido como testigo.
Como testigos han declarado varias personas en esta sesión, como el que fuera tesorero municipal en ese momento, así como Duarte, que ha defendido que siempre se intentó que «no aumentaran los expedientes», pero ha asegurado que «jamás» instruyó a nadie para que los dejara de resolver.
Por su parte, la exedil a la que se le delegó la materia de disciplina urbanística ha declarado que firmaba los expedientes «que venían informados por los técnicos», a los que siempre pedía informes. Ha indicado que «lo principal era que no caducaran y que se pudieran reactivar en cualquier momento» y ha señalado que no recibía instrucciones del alcalde para paralizar la tramitación.
