La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles investigar la situación en Andalucía de los miles trabajadores temporeros del campo, en su mayoría migrantes, que viven en asentamientos informales en situación de hacinamiento, siguiendo la denuncia de una asociación de acogida.
Tras un debate en la comisión, la presidenta de la misma, Dolors Montserrat, ha decidido mantener abierta la petición, pidiendo información a la Comisión Europea sobre la situación de los asentamientos de migrantes en Huelva y Almería y sobre la aplicación de las directivas europeas sobre condiciones laborales y Derechos Humanos, pidiendo a su vez un dictamen a la comisión de Empleo de la Eurocámara.
En nombre de la asociación Magazón-Almería Acoge, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha denunciado el «racismo institucional» que sufren los cerca de 5.000 temporeros que viven en condiciones «pésimas» en los 79 asentamientos «precarios» en municipios de las provincias de Huelva y Almería.
Valero ha pedido a la Comisión Europea que sea «ejemplar» y haga cumplir las normas de Derechos Humanos en la Unión Europea ante un colectivo que vive en zonas rurales mal comunicadas, sin los mínimos servicios o instalaciones básicas y que no reciben apoyo ni asesoramiento jurídico, lo que les hace vulnerables a abusos laborales.
Por su lado, una representante del Ejecutivo europeo ha señalado que España debe velar por las condiciones de trabajo y acogida de estos temporeros y ha defendido que en la nueva Política Agraria Común hay condicionalidad relacionada con estos aspectos, por lo que los empresarios que incumplan podrían perder acceso a fondos europeos.
Ha expuesto igualmente que España tiene una «altísima tasa de riesgo de pobreza» entre su población migrante y que cuenta con un 34% de trabajadores en riesgo de pobreza, momento en el que ha subrayado la necesidad de reforzar la inspección de trabajo para garantizar estándares mínimos y acceso a la vivienda para el colectivo de temporeros.
APOYO UNÁNIME
La queja ha recibido el respaldo de todos los grupos políticos. Por parte del PP, Juan Ignacio Zoido ha insistido en que la migración es un «problema» en Andalucía y ha pedido erradicar estas situaciones con el trabajo conjunto de las administraciones y con la ayuda de los empresarios del campo.
De lado del PSOE, la eurodiputada Cristina Maestre ha pedido tolerancia cero contra estos episodios que ha atribuido al trabajo de las mafias, pidiendo asentar las bases para que las personas migrantes no sean víctimas de situaciones de hacinamiento y riesgo.
Los eurodiputados de IU han defendido mandar una misión del Parlamento Europeo a España para estudiar en el terreno el caso de los temporeros del campo. Manu Pineda ha cargado contra la situación «esclavista» que se produce en estas zonas y ha recalcado la importancia de reforzar las inspecciones de trabajo, mientras que Sira Rego ha denunciado que se haga negocio con «mano de obra esclava» y ha llamado a la Comisión a poner freno a una situación «intolerable» en la UE, acusando a la Junta de Andalucía de «inacción» y de ser responsables de la falta de medidas para prevenir este fenómeno.
